Argoños no ha dado «luz verde» a los derribos de las ilegales, declara su alcalde

Barruetabeña, ha aclarado que el Ayuntamiento no ha dado luz verde a los derribos, sino que acata la orden del tribunal, aportando el calendario de ejecución que reclama, que nada tiene que ver con un calendario de legalización.
En el mes de enero, tras recibirse el fallo del Tribunal Constitucional, la Sala de lo Contencioso requirió al Gobierno Regional y a los Ayuntamientos a fin de que alegasen respecto a la existencia de garantías indemnizatorias para los propietarios y planteasen un calendario de ejecución de las sentencias.“Cuando se dictó la sentencia, cuando se respondió a todos y cada uno de los numerosos incidentes que este Ayuntamiento de Argoños ha suscitado, cuando se planteó por la sala la inconstitucionalidad de la Ley de pago previo de José María Mazón o la Ley de autorizaciones provisionales, cuando se subrogó a Tragsa en la realización de la obra de demolición o cuando ahora el mismo Tribunal ha requerido un calendario de ejecución, no fue este Ayuntamiento el que dispuso e impulsó la misma. La demolición la pidió ARCA y el Tribunal es el que le ha dado luz verde”, incidió el alcalde..El calendario que ha presentado el Consistorio plantea comenzar a demoler las construcciones en que la responsabilidad de lo ocurrido es del Gobierno de Cantabria, aquellas en las que la licencia se anuló por la ilegalidad del Plan de las Marismas y de la autorización previa concedida por el órgano gestor del Parque Natural, el Gobierno de Cantabria. “En estos casos, todos los propietarios tienen un convenio indemnizatorio con la administración regional, se ve interesado un espacio protegido y existe un acuerdo extensible que coordina a ambas administraciones en orden a la materialización de la sentencia. El presupuesto regional garantiza el cobro de una indemnización justa y rápida que habrá que cuantificar definitivamente, pero que se encuentra asegurada”, comentó el regidor municipal.Las últimas etapas de ese calendario se reservan para aquellas situaciones en las que no existe esa garantía de indemnidad por lo que se culminarán cuando la misma se obtenga.El alcalde recuerda que el Ayuntamiento de Argoños ha reivindicado la eficacia de los convenios firmados con los afectados como garantía de indemnidad.“Quien suscribe ha sido juzgado por desobediencia, y absuelto, por defender a los propietarios y la integridad de sus patrimonios. Ha conseguido, ante la evidente, y confirmada judicialmente, insuficiencia de la hacienda municipal, suscribir convenios con el Gobierno de Cantabria en orden a que los ciudadanos afectados obtengan esa garantía patrimonial. Ha promovido incidentes, recursos y procesos más allá de donde alcanza la imaginación y ha peleado por los derechos de los afectados y por impedir la demolición de sus viviendas, a veces con el Gobierno coordinado y a veces también abandonado. No soy sospechoso de haber mirado para otro lado”, declaró Juan José Barruetabeña.En el mes de octubre de 2015 se celebró una vista en el Tribunal Superior de Justicia en la que el Gobierno Regional se negó a suscribir ningún nuevo convenio con los afectados si no había sido expresamente condenado al pago. El Ayuntamiento de Argoños solicitó una convocatoria de la comisión mixta creada en el acuerdo con el Gobierno para la ejecución que se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria de mayo de 2015, convocatoria que aún está esperando. No ha habido oportunidad alguna de coordinar una respuesta común con el Gobierno regional al requerimiento del Tribunal y este no ha pedido, precisamente, que le digamos cuánto tardamos en aprobar el Plan General.Hace tres meses que el Tribunal Constitucional anuló la Ley de Cantabria llamada de  Autorizaciones Provisionales que permitía retrasar la materialización de las Sentencias que ordenaban la demolición de construcciones hasta la aprobación de los nuevos planeamientos generales, a fin de poder verificar caso a caso su posible legalización. Este fallo supuso la reactivación de los procesos de ejecución.Una reciente modificación legal exige que antes de demoler una vivienda se garantice la indemnización para su comprador de buena fe. A lo largo de la pasada legislatura el Gobierno de Cantabria firmó diversos convenios con los propietarios afectados por este tipo de resoluciones judiciales en los que con cargo a su presupuesto les garantizaba, bien una vivienda de sustitución, bien una indemnización económica a determinar conforme a unos criterios y a un procedimiento acordado.En esta tesitura, el Gobierno ha alegado que el convenio que ha firmado para garantizar sus indemnizaciones con los propietarios no supone garantía alguna para estos y solicita que se conserven las viviendas hasta la aprobación de los nuevos planeamientos, es decir, una gran autorización provisional general.