Aprobado el Plan de Emergencia Social, con 86 millones de inversión para este año

La vicepresidenta asegura que el Gobierno quiere para Cantabria un nuevo modelo de servicios sociales, más próximo al usuario, centrado en sus necesidades y que perdure en el tiempo en línea con el de los países nórdicos de Europa
La vicepresidenta ha presidido la reunión del Consejo Asesor de Servicios Sociales. Foto: Miguel López
La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, ha presidido hoy la segunda reunión del Consejo Asesor de Servicios Sociales, que ha aprobado de manera definitiva el Plan de Emergencia Social de Cantabria 2016-2017, que cuenta con una inversión de 86 millones de euros para este año.
Además, Díaz Tezanos ha puesto sobre la mesa la necesidad de avanzar en un Plan Estratégico de Servicios Sociales, que dé lugar a un nuevo modelo, más centrado en el usuario, con servicios más próximos a éste y que sea sostenible en el tiempo.
Según ha precisado la consejera responsable del área de Política Social, el Plan de Emergencia Social responde a «la gran prioridad de este Gobierno y uno de sus objetivos máximos».
Aunque se ha aprobado esta mañana de manera definitiva, cerca del 50% de sus 104 medidas ya están en marcha, algunas desde los primeros meses de legislatura, para hacer frente a la difícil situación por la que pasan los 160.000 cántabros que se encuentran en el umbral de la pobreza y la exclusión social.
Díaz Tezanos ha recordado que este documento recoge aportaciones de los grupos parlamentarios de la región y de las entidades sociales y departamentos del Gobierno que participan en el Consejo.
Además, la vicepresidenta ha explicado que durante la reunión de hoy se va a abordar el futuro Plan Estratégico de Servicios Sociales, «que avance en un nuevo modelo de servicios sociales que sea innovador y sostenible en el tiempo».
La vicepresidenta ha explicado que el Gobierno ya está evaluando el modelo de servicios sociales más avanzado de Europa, el que aplican los países nórdicos, y ha anunciado la posibilidad de poner en marcha algún proyecto piloto durante esta legislatura.
«Los servicios sociales en estos países tienen su foco en la atención a las personas, en ofrecer servicios más próximos al  usuario y en promover un sistema de apoyo que facilite su autonomía personal», ha explicado la vicepresidenta, que ha defendido la implantación en Cantabria de este modelo «centrado en los deseos y necesidades de las personas, para que se puedan cubrir en su entorno más inmediato».
Díaz Tezanos ha explicado que este modelo aún no está implantado en España y ha asegurado que «requiere de un diálogo con entidades sociales, de una colaboración y de una reflexión, sobre todo, si queremos que perdure en el tiempo que es el objetivo que tenemos».
Para ello, la consejera ha propuesto al Consejo la constitución de una comisión sectorial con todas las entidades sociales representadas en este órgano y el Gobierno de Cantabria para comenzar a trabajar en ese nuevo modelo. «Esta comisión abordará la nueva normativa que nos permita poner en marcha este nuevo modelo de servicios sociales basado en las personas», ha explicado.
Emergencia Social, principal objetivo del Gobierno
El abordar la situación de emergencia social por la que atraviesan más de 160.000 cántabros de la región, que se sitúan en el umbral de la pobreza o exclusión social, ha sido, desde el inicio de legislatura, la prioridad más importante y urgente para el Gobierno de Cantabria.
De hecho, aunque el Plan ha sido aprobado esta mañana, el 50% de las 104 medidas que contiene ya se han puesto en marcha para atender de manera inmediata cuestiones como la pobreza infantil, la garantía de suministros básicos y alimentarios o unos ingresos mínimos con las modificaciones en la normativa de la Renta Social Básica.
Garantizar unos ingresos mínimos, garantizar el acceso a suministros básicos (programa de garantía alimentaria, programa de garantía de suministros vitales y programa de garantía habitacional), ofrecer medidas que repercutan y mejoren los programas de inclusión laboral y comunitaria, garantizar el acceso a los servicios de salud y garantizar la movilidad son los cinco ejes estratégicos de actuación de este Plan, que se ejecutará hasta 2017 y cuenta con una inversión de 86 millones de euros que aportan los diferentes departamentos del Ejecutivo implicados en su desarrollo.