El PRC pedirá explicaciones al Gobierno por negar el ejercicio del derecho a voto a trabajadores de centros de atención a la dependencia en las elecciones europeas
Rosa Valdés cuestiona la decisión de la directora del ICASS.
La diputada del PRC Rosa Valdés pedirá explicaciones al Gobierno por denegar el ejercicio del derecho de sufragio a empleados públicos de los centros de atención a la dependencia de Santander y Torrelavega en las pasadas elecciones europeas, tras la decisión del juzgado de abrir diligencias previas por un posible delito penal de vulneración de un derecho fundamental.
Valdés planteará varias preguntas en el Pleno convocado para el próximo lunes, para conocer por qué razones denegó el Ejecutivo el ejercicio de este derecho “en contra de la normativa legal vigente”, lo cual provocó una denuncia judicial de los trabajadores y un mandato judicial para ampararles en su derecho a votar.
Se interesará además por la respuesta que la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Isabel Urrutia, ante la demanda planteada por las organizaciones sindicales en representación del Comité de Empresa y el motivo por el que los centros de atención a la dependencia de Sierrallana y Santander quedaron el 25 de mayo por debajo de los mínimos de atención establecidos para garantizar la adecuada prestación del servicio.
Asimismo, quiere conocer quién lo ordenó y cuáles fueron las medidas que adoptaron los directores de estos centros para atender el requerimiento judicial para facilitar el derecho de sufragio de los empleados públicos y garantizar el mantenimiento de la prestación de los servicios el día de los comicios.
Valdés considera lo ocurrido el pasado 25 de mayo como “un fiel reflejo del ataque injusto e injustificado que está infligiendo el Gobierno del PP a los empleados públicos en el ejercicio de sus derechos fundamentales”.
Además de condenar ese “ataque”, también ha mostrado su preocupación por “el problema de atención y asistencia a las personas en situación de dependencia y discapacidad” que provocó la decisión de la dirección del ICASS y el posterior mandato judicial, ya que los centros de atención quedaron por debajo de los mínimos de personal establecidos para garantizar el correcto cuidado de las personas ingresadas.
