Unidos X Laredo destapó una práctica de enorme gravedad institucional: la grabación de sesiones de la Junta de Portavoces, sin conocimiento, ni consentimiento de los concejales; un hecho reconocido en un acta oficial de la Junta de Portavoces.
Para UxL, no se trata de un simple defecto formal, sino de un episodio más que “quiebra la confianza institucional, vulnera derechos fundamentales y pone en cuestión la limpieza del funcionamiento democrático del Ayuntamiento”.
La denuncia ha sido registrada nuevamente debido a que el Ayuntamiento ha optado por no responder a una reclamación previa presentada en noviembre de 2025. Desde entonces, aseguran, no se ha facilitado información, ni se han entregado las grabaciones, ni se ha emitido informe jurídico alguno.
“Cuando una Administración calla ante hechos reconocidos en documento público, deja de ser un problema administrativo y pasa a ser un problema político de primer orden”, advierte Ramón Arenas, portavoz de UxL.
UxL exige ahora saber quién ordenó o permitió las grabaciones y bajo qué cobertura legal. También reclaman la entrega íntegra de los archivos, la identificación de los responsables y la inmediata rectificación del acta, donde si bien recoge que se produjeron las grabaciones, no establece correctamente las quejas de algunos portavoces.
“Lo más grave no es únicamente que se haya grabado sin consentimiento. Lo verdaderamente alarmante es que, una vez que el nuevo secretario puso en conocimiento de los portavoces la existencia de estas grabaciones, nadie haya asumido responsabilidades ni haya ofrecido explicación alguna”, concluye Ramón Arenas, portavoz de Unidos x Laredo.
“Lo que está pasando en esta legislatura es absolutamente insólito en toda la historia del Ayuntamiento de Laredo. Desde fuera, puede dar la sensación de que el Ayuntamiento se ha convertido en «una especie de cortijo” donde alguien hace y deshace a su antojo, sin rendir cuentas”, afirma Arenas.
“Tal es así que, no es Unidos x Laredo, sino el propio Defensor del Pueblo quien hace poco advirtió de forma expresa la existencia de irregularidades en la actuación municipal, poniendo de manifiesto la falta de colaboración, la posible vulneración de derechos y recordando al ayuntamiento de Laredo, la obligación inexcusable de la Administración de actuar con transparencia, legalidad y sometimiento pleno al control público” finaliza Arenas.
