Un Guardia Civil señala a Ignacio González como parte de la «gestapillo»

El abogado de uno de los guardias civiles imputados por la presunta trama de espionaje pide que también sean procesados el presidente regional y el exconsejero Francisco Granados
José Oreja es uno de los guardias civiles que estuvo al servicio de la consejería de Interior que dirigiera Francisco Granados. Era uno de los hombres que reportaba al director general de Seguridad, Sergio Gamón, que aparece en el centro de la trama que desde la Comunidad de Madrid y con dinero público presuntamente espió a dos cargos del PP, Manuel Cobo y Alfredo Prada, en el contexto de la guerra interna del PP por el control del partido y de Caja Madrid. Aquella “gestapillo” que denunciara el presuntamente espiado Cobo, antigua mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón cuando éste estaba al frente de la alcaldía de Madrid.
Oreja está imputado en el juicio por esa trama y hace unas semanas trascendió una declaración suya en la que señalaba al “especial interés” en los seguimientos del entonces vicepresidente regional, Ignacio González, presidente desde la salida de Esperanza Aguirre del Ejecutivo. El agente también apuntaba que el entonces consejero de Interior, Francisco Granados, les instó a desobedecer las órdenes de espionaje pero no fue más allá.
El diarioEl Paísha accedido a la declaración firmada que Oreja ha entregado al juez del caso: “A principios del año 2008, los señores Gamón y Castaño (director y subdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid) nos trasladan de forma verbal, tanto a los tres policías como a los tres guardias civiles, una relación de personas a las que denominan objetivos, de las cuales el vicepresidente Ignacio González tiene especial interés en conocer sus actuaciones y movimientos. De estas personas recuerdo los señores: Cobo, Prada, Gallardón, el presidente de Arpegio, la señora Cifuentes y los señores Cabezas y Fernández. A estos hay que sumar otros tres objetivos más de especial interés para Gamón y Castaño. Estos son los alcaldes [socialistas] de Getafe y Fuenlabrada, y el jefe de Policía Municipal de Fuenlabrada”.
El abogado del agente, Ramón González Bosch, reclama por tanto la imputación de Granados (ahora senador y por tanto aforado en el Supremo) por “omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución” y la de Ignacio González, en este caso por una supuesta malversación de fondos públicos al haber ordenado los seguimientos ilegales. La investigación judicial ha acreditado con informes periciales la localización de los agentes en función de sus llamadas telefónicas y los partes de seguimiento a Cobo y Prada, confeccionadas desde ordenadores de la dirección general de Seguridad, en la calle de Gobelas (Madrid). Oreja también apunta en su declaración firmada que disponían de “cámaras ocultas de botón y teléfonos blindados de la empresa Indra”.
Según Ignacio González, Oreja carece de credibilidad porque antes de la declaración que le implica hizo otras dos negando los hechos. El guardia civil alega que si no ha declarado antes estos hechos es porque tenía miedo a represalias físicas contra él y su familia.
FUENTE BENEMERITA AD