Un centenar de empleados de Justicia exigen el carácter público del Registro Civil

Se indica que no es de recibo que por un “capricho” del Ministro los usuarios de los registros civiles tengan que pagar dos veces por un servicio que ya han pagado con sus impuesto
Alrededor de un centenar de trabajadores de la Administración de Justicia en Cantabria, destinados en Santander, se han concentrado nuevamente esta mañana en el complejo judicial de “Las Salesas” para defender el servicio público del Registro Civil, una concentración convocada por CCOO y a la que se han sumado UGT, STAJ y CSIF.Como ya es conocido por todos, la concentración se realiza contra el proyecto del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de privatizar los registros civiles, extrayéndolos de la Administración de Justicia y obligando a los ciudadanos a pagar por un servicio que, hasta ahora, era gratuito, pues los usuarios ya lo han sufragado con sus impuestos.Según el coordinador de Justicia de CCOO de Cantabria, Borja Bats, no es de recibo que por un “capricho” del Ministro los usuarios de los registros civiles tengan que pagar dos veces por un servicio que ya han pagado con sus impuestos anteriormente y que los funcionarios de la Administración de Justicia prestan gratuitamente en la actualidad.Bats ha explicado que no entiende “por qué se grava a los ciudadanos con el coste de la tramitación de matrimonios o divorcios en las notarías, actuaciones que actualmente se ejecutan en los registros civiles y en los órganos judiciales”.Por otro lado el delegado de CCOO ha indicado que las manifestaciones del Presidente del Tribunal Superior de Justicia le dan la razón cuando denunció que la consejera de Presidencia y Justicia de Cantabria, Leticia Díaz, “había faltado a la verdad” en sus declaraciones a los medios de comunicación sobre la manera en que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial puede afectar a la organización judicial en Cantabria, ya que negó “la más que posible” concentración de los órganos judiciales en la capital de la Comunidad Autónoma y afirmó que la organización judicial, en la región, seguirá como hasta ahora.Según el coordinador de Justicia de CCOO, la consejera pretende “darle la vuelta a la tortilla y hacer creer que será regla”, en nuestra región, lo que en el Anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial – ya aprobado en Consejo de Ministros – se presenta como excepcionalidad.Bats ha afirmado que el artículo 84 “expresa claramente” que las circunstancias excepcionales que permitirán el mantenimiento de sedes judiciales fuera de la capital de la provincia se valorarán en su conjunto. De hecho si la valoración no fuera conjunta todas las provincias de España estarían afectadas por alguna de las circunstancias excepcionales.En cualquier caso, -ha dicho el representante de CCOO- e independientemente de las conversaciones que la consejera haya mantenido con el ministro de Justicia, el anteproyecto, en su estado actual, “deja la vía abierta para barrer la organización judicial en Cantabria fuera de su capital”.Para Bats el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, en su disposición transitoria decimosegunda del anteproyecto que acababan de aprobar deja claro que desaparecerán los juzgados de paz en cuanto entre en vigor la ley, disposición final sexta.