Un camionero recibe amenazas para no litigar por una sanción

El empresario afectado fue objeto de una llamada con número oculto en que se le instaba a no acudir al juicio que se celebraba ese día a consecuencia de una multa dudosa de la Administración
©EL MUNDO CANTABRIA/JESÚS LASTRA SANTANDERLas presiones sobre empresarios del transporte afectados por problemas con la Administración de Cantabria, hechos que investiga el de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil, no se limitarían a poner impedimentos en la carretera, sino que se habrían extendido a los procesos judiciales que algunos de los damnificados han comenzado para anular sanciones que consideran injustas. Al menos  sí se colige de las pesquisas de la Benemérita, que recogen advertencias para que las compañías no acudan a declarar ante la Justicia.
Sin ir más lejos, a comienzos de mes uno de los camioneros recibió una llamada anónima a su teléfono móvil en la que se le instaba a quedarse en casa en lugar de asistir a la vista programada para ese día. A tenor de los materiales que recoge el caso, que afecta a funcionarios de la Consejería de Industria, guardias y empresas del sector, el número de entrada estaba oculto y la voz del emisor era grave.
Lo curioso del suceso es que, aparte de que el afectado no tenía necesidad de estar físicamente en el pleito, muy pocos conocían la fecha en que se iba a celebrar la vista. En concreto, en principio solo lo sabían los propios denunciados y el entorno más próximo de la parte denunciante.
A más, los agentes tienen especial interés en saber las personas que podrían contar en sus agendas con el número de teléfono de la persona amenazada. Ante esapregunta, la primera respuesta es que la Dirección General de Transportes dispone de este tipo de información.
CONTEXTOEl episodio se incluye en la vasta investigación y profusa información que tienen en su poder los efectivos del GIAT para tratar de dirimir si existen ilícitos en los hechos escrutados.Como ha venido relatando EL MUNDO, el caso, impulsado por agentes de fuera de la Comunidad, podría tener réplicas en otras autonomías y atañe al sector de la carretera de forma transversal, salpicando a sanciones, inspecciones o formación.
En cuanto a los cursos de los camioneros, las pesquisas ponen de relieve presuntas ofertas del hijo del instructor jefe de Transportes del Ejecutivo regional en que garantizaría la obtención del certificado de aptitud profesional sin necesidad de asistir a las clases, que además estarían libres de inspecciones.
Otros hechos desvelados apuntana supuestos pagos a funcionarios  de Transportes por empresarios perjudicados, como el que se habría realizado en un restaurante a cambio de una tarjeta ilegalal precio de 12.000 euros. Los beneficiarios, con la connivencia de agentes de la Benemérita, habrían sido los mismos que le multarondías después.
Los recursos y reducciones de las sanciones también están bajo la lupa policial. Se rastrean las solicitudes, las cuantías y si las rebajas se atienen a la legalidad vigente.