Sarkozy se siente víctima de una «instrumentalización política de los jueces»

Descalificó al primer ministro francés, Manuel Valls, y a la ministra de Justicia, Christiane Taubirá, a los que acusó de haber «mentido» por decir que desconocían las escuchas.
El expresidente francés Nicolas Sarkozy aseguró ayer que está «profundamente sorprendido» por su imputación por corrupción activa, tráfico de influencias y encubrimiento de la violación del secreto profesional, y tildó el proceso que está sufriendo de «humillante» y «grotesco». En una entrevista difundida simultáneamente porTF1yEurope 1, insistió en que «jamás» ha cometido un acto contrario al Estado de Derecho y a los principios republicanos y apuntó que se intenta dar de él «una imagen que no es conforme a la verdad». Sarkozy dijo que se sentía víctima de una «instrumentalización política de una parte de la justicia», aquejada de una auténtica «obsesión política».
«¿Es normal que se hayan escuchado mis conversaciones más íntimas desde septiembre de 2013, que las conversaciones con mi abogado sean escuchadas y difundidas por la prensa, en una clara violación del secreto de instrucción, y que sea colocado en detención preventiva?», se preguntó. El expresidente francés mostró su sorpresa por lo que está sucediendo, y recordó que durante los 35 años que se ha dedicado a la política «jamás» alguien ha sido tan examinado como él. En su opinión, se está violando con él el derecho de todo justiciable a un juez y un proceso «imparcial». Asimismo, descalificó al primer ministro francés, Manuel Valls, y a la ministra de Justicia, Christiane Taubirá, a los que acusó de haber «mentido» por decir que desconocían las escuchas.
Sarkozy sugirió su vuelta a la política. «Tras un tiempo de reflexión, decidiré lo que debo hacer a finales de agosto o principios de septiembre. Amo mi país con pasión y no soy alguien que se desaliente ante las manipulaciones políticas», enfatizó.
Tanto Valls como el presidente francés, François Hollande, apelaron a la «presunción de inocencia» y el primer ministro tildó de «muy graves» los cargos que pesan sobre Sarkozy. La líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, dijo que la instrucción que se sigue contra Sarkozy «parece más empeñada en humillarle que en investigar los sucedido».
EL PAÍS 3/EL MUNDO 1, 24, 25/ABC 1, 32, 33/LA VANGUARDIA 1, 3, 4/EL PERIÓDICO 1, 10, 11/LA RAZÓN 1, 20, 21
LARGA DECLARACIÓN ANTE LOS JUECES
Después de haber prestado declaración durante 15 horas ante la policía judicial en calidad de detenido y otras tres horas ante los jueces,Nicolas Sarkozyha sidoimputadoesta madrugada por «corrupciónactiva»,tráfico de influenciasy encubrimiento de la violación del secreto profesional. Se trata de una situación inédita, puesto que nunca hasta ahora unexpresidente francéshabía sidodetenidopor la justicia. En la República, todos los jefes de Estado pierden lainmunidada los tres meses de abandonar el Elíseo.
El delito por tráfico de influencias, según el código penal francés, puede acarrear una pena de hasta de diez años de prisión y 150.000 euros de multa. Además, la condena puede suspender algunos derechos civiles.
En el mismo caso, que investiga si Sarkozy y su entorno crearon unared de informadoresque les mantenía al tanto de la evolución de losprocesos judicialesque amenazan al político conservador, también han sido imputadossu abogado, Thierry Herzog, y un alto magistrado del Tribunal de Casación,Gilbert Azibert. Los tres han tenido que prestar declaración ante la policía judicial en calidad de detenidos, un estatuto que ofrece la asistencia de un letrado, derecho al que Sarkozy, abogado de profesión, ha renunciado.
Los investigadores, que grabaron conversaciones telefónicas de Sarkozy y de algunos de sus ministros más cercanos, sospechan que su abogado recababa información de consejeros delTribunal Supremo. Estos le informaban supuestamente de los avances en la investigación sobre presunta lafinanciación ilegalde la campaña que llevó al palacio del Elíseo en el 2007. Según esa teoría, el defensor de Sarkozy prometió como contrapartida al magistrado Azibert que el expresidente le ayudaría en su demanda de conseguir un puesto que buscaba en la Administración de Mónaco, que nunca obtuvo. Sin embargo, la defensa del letrado Herzog sostiene que esas escuchas son ilegales por violar el derecho a la confidencialidad entre abogado y cliente y no entran en el contenido de las mismas.
Herzog y los magistrados Gilbert Azibert yPatrick Sassoustson sospechosos de haberfiltrado información confidencialsobre el’caso Bettencourt’, del que Sarkozy salió finalmente exculpado de la acusación de abuso de la debilidad de la anciana heredera de L’Oreal para financiar sucampaña presidencialen el 2007.
Las jueces indagan si el expresidente conservador tenía a su disposición una»red de informadores»en el seno de la policía y de la justicia para estar al corriente de las pesquisas internas que pudieran constituir una amenaza. Las detenciones tienen su origen en lasescuchasordenadas por el juez del’caso Gadafi’, que investiga si el fallecido dictador libio financió –con 40 millones de euros– la campaña de Sarkozy. La policía pinchó incluso los teléfonos contratados con nombres falsos reservados para las conversaciones sensibles. En estas conversaciones aparece la filtración de información confidencial del sumario, facilitada principalmente por Gilbert Azibert, presuntamente a cambio de obtener uncargo de consejeroen elGobierno de Mónaco.
El vuelco que ha dado la investigación coincide con la intención de Sarkozy de regresar a la primera línea política. Se produce además en un momento particularmente delicado para la derecha francesa. Sumida en una profunda crisis ideológica y de liderazgo, en laUnión por un Movimiento Popular(UMP) no todos han salido en defensa del expresidente. Mientras los fieles denuncian un «encarnizamiento» de la justicia, los dirigentes de la línea moderada que se han hecho cargo de la dirección interina tras ladimisión forzadadel presidente del partido,Jean-François Copé, por un presunto caso decorrupción, han guardado un elocuente silencio.
Los problemas judiciales amenazan con dar al traste con la operación retorno de Sarkozy. El expresidente aparece salpicado en una media docena de casos, la mayoría relacionados con la financiación de sus campañas.