Saiz Bustillo dice que la actual delimitación de la zona de gran afluencia turística fue una decisión “alejada de todo tipo de condicionantes de carácter político”

El concejal ha recalcado que no cabe la decisión política y que “tratar de obligar a un funcionario a que asegure que todo lo argumentado era falso, sería absolutamente ilegal”.
El concejal de Comercio y Mercados, Ramón Saiz Bustillo, ha insistido hoy en que la delimitación de la zona de gran afluencia turística en Santander es el fruto de un amplio proceso de participación del sector y de los informes técnicos, “y, en absoluto, responde a una decisión política”.
Saiz Bustillo ha recordado que la actual delimitación de la zona de gran afluencia turística (ZGAT) -que rebajó a 2 meses su período de aplicación, en lugar de ser de todo el año, como establecía la regulación estatal que obligó a declarar Santander como ZGAT- surgió de la participación del sector y como consecuencia de los informes técnicos correspondientes.
El responsable municipal de Comercio ha señalado que, por tanto, se tomó una decisión, “alejada de todo tipo de condicionantes de carácter político”, que hizo posible disminuir el período temporal de su aplicación de todo el año a únicamente dos meses.
Saiz Bustillo ha apuntado que la determinación geográfica estaba soportada, en el informe de los técnicos municipales, por un conjunto de hasta seis argumentos, que exponían desde el punto de vista técnico la justificación de la elección del ámbito geográfico, cuando el Real Decreto-Ley 8/2014, a la hora de determinar esta cuestión, solo precisaba del establecimiento de un argumento.
“Así como puede haber, siempre y cuando los servicios técnicos lo consideren oportuno, pequeñas oscilaciones en el marco temporal que no entren en contradicción con el informe ya elaborado, en lo que se refiere a la delimitación espacial es completamente imposible e ilegal tanto que los servicios técnicos municipales emitan un informe a la carta de lo que proponga un grupo político como que redacten uno nuevo que tendría que contradecir de principio a fin lo defendido y argumentado en el informe anterior”, ha aseverado.
El concejal ha recalcado que, por tanto, no cabe la decisión política y que “tratar de obligar a un funcionario a que asegure que todo lo argumentado era falso, sería absolutamente ilegal”.