Miguel Ángel Revilla ha comprometido “todo el apoyo” en la medida de sus competencias y en “todos los foros en los que tenga acogida”, así como la voluntad de “hacer llegar su voz a Madrid”.
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, con el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER), Miguel Ángel Martínez-Aroca.
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha reafirmado hoy su apoyo a los inversores en energía solar fotovoltaica y ha vuelto a denunciar la “tropelía” cometida contra 62.000 familias españolas, que se encuentran en una situación “angustiosa”, al cambiar el Gobierno de España el marco jurídico que regula la producción de este tipo de energía y reducir las primas que la favorecían.
Revilla ha trasladado hoy su postura al presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER), Miguel Ángel Martínez-Aroca, a quien ha comprometido “todo el apoyo” en la medida de sus competencias y en “todos los foros en los que tenga acogida”, así como la voluntad de “hacer llegar su voz a Madrid”.
En la reunión ha coincidido en la necesidad de lograr “una voz unánime” de todas las comunidades autónomas para reconocer que “el futuro pasa por las energías renovables”, que son “un imperativo y una necesidad mundial” para sustituir al petróleo y al gas.
El presidente Revilla ha calificado de “estafa de Estado” la “tropelía” cometida con las familias españolas que, entre 2007 y 2008, invirtieron “por España” en una energía limpia que producimos “a raudales” como es la solar, y que les ha supuesto destinar 26.000 millones de euros, la mitad financiada con créditos bancarios e “hipotecando sus propiedades”.
En Cantabria no se desarrolló ningún parque solar fotovoltaico, pero sí hay personas que realizaron inversiones en parques de Castilla-La Mancha, Castilla y León o Murcia, que suponen unos 100 millones de euros.
Miguel Ángel Revilla ha recordado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, recortó en su último año las ayudas en un 30 por ciento, pero no modificó el marco legal de apoyo.
Posteriormente, con la llegada del Partido Popular al Ejecutivo, después de “haber pregonado en la oposición que era una vergüenza lo que se había hecho”, el recorte alcanzó el 50 por ciento y se modificó el marco legal, dejando a estas familias “prácticamente en la ruina, a expensas de que los bancos puedan quedarse con las instalaciones fotovoltaicas para que después los fondos buitre vengan y, como ocurre con las viviendas, los compren a precios de saldo y después lo puedan revender a las empresas eléctricas”.
Esta visita al Gobierno de Cantabria, en donde también ha mantenido una reunión con la vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, se enmarca en la movilización social que ANPIER está intentando lograr para reclamar un modelo energético más sostenible en el que las renovables tengan un papel esencial.
Martínez Aroca ha explicado que ya cuentan con el apoyo de “todas las fuerzas políticas a excepción del Partido Popular” en dos líneas: por un lado, en la necesidad reponer la seguridad jurídica a las familias que invirtieron en estas fuentes energéticas y, en segundo lugar, en “empezar a poner a España en el camino de las renovables que está emprendiendo todo el planeta”.
Igualmente, ha destacado el apoyo de buena parte de las comunidades autónomas, incluso algunas, como Murcia, gobernadas por el PP.





