Que se lo digan al Presidente del P.P. de Laredo, Ángel Vega, que se presentó como candidato a compromisario y de ciento trece votos, sólo obtuvo el respaldo de once afiliados.
ElPARTIDO POPULARha dado un paso de gigante con la nueva fórmula para elegir a su presidente en “dos vueltas”. Un sistema casi perfecto, del que sólo cambiaría dos aspectos, por un lado, que en la segunda vuelta, también sean los afiliados quienes voten, en lugar de hacerlo los compromisarios. En segundo lugar, que no sea obligatoria la inscripción previa; sencillamente, el afiliado que desee participar, que lo pueda hacer.
A pesar de que no es perfecto, este nuevo modelo se asienta en una mayor base democrática, mucho menos “partidista” que el anterior sistema. Se aleja de cualquier patología totalitaria, donde desde el aparato del partido se impongan los nombres de aquellos a los que, en muchas ocasiones, nadie quiere; ni siquiera los propios afiliados.
Que se lo digan al Presidente del P.P. de Laredo,Ángel Vega, que se presentó como candidato a compromisario y de ciento trece votos, sólo obtuvo el respaldo de once afiliados.
Este nuevo sistema de elección, nos aleja del verticalismo o reclutamiento mediante cualquier proceso decooptación, donde la lealtad personal y la dependencia priman sobre la capacidad y el mérito.
Para los afiliados cántabros este Congreso Nacional ha sido una experiencia precedida del “nefando” XII Congreso Regional del P.P., donde “se armó la marimorena” y terminó en los juzgados, con una sentencia pendiente de recurso y un partido dividido en dos.
Y a pesar de que el P.P. tomó buena nota de lo sucedido en Cantabria, no pudo evitar que en este Congreso Nacional se hayan denunciado nuevas irregularidades, como las deLaredo, Capital de la Costa Esmeralda,o las deOrihuela,Capital de la Vega baja del Segura.
Tanto enLaredocomo enOrihuela, el motivo de las reclamaciones fue el mismo: privar a diversos afiliados de su derecho a participar en el congreso mediante la emisión de su voto en “las primarias”.
Laredoya había sido el epicentro del terremoto provocado por diversas irregularidades durante el proceso congresual cántabro, en marzo del 2017. En aquella ocasión se denunció el pago de las cuotas a 511 afiliados desde la cuenta de un discapacitado intelectual, quien reconoció en sede judicial que le habían falsificado su firma para realizar en su nombre dos ingresos bancarios que él nunca realizó; así como que no conocía a la persona que había entregado las claves de su cuenta, ni a ninguno de los afiliados beneficiados en el pago de sus cuotas.
Estos antecedentes provocaron que algunos afiliados deLaredoestuvieron muy atentos a cualquier tipo de irregularidad en este Congreso Nacional.
El díaveinticinco de junio, cuatro miembros del Comité Ejecutivo Local del P.P. deLaredo, registraronuna denuncia (pulsar encima)dondeexponían cómo operarios de la sede regional se negaron a recoger las hojas de inscripción de VEINTICUATRO afiliados de Laredo, a pesar de cumplir los requisitos para poder participar en el congreso y estaban al corriente del pago de sus cuotas.
La única razón esgrimida para rechazar las hojas de inscripción fue que “tenían que presentarlas en mano los propios afiliados”, pesar de que esta condición no viene recogida, ni escrita en ningún documento del congreso, por lo que no parece que sea una sólida razón legal. Lo que sí es una condición imprescindible es que las hojas de inscripción sean firmadas por los inscritos. Ir más allá, desvirtuando esa condición, parece una coartada en la que apoyarse para impedir participar a determinados afiliados en el congreso.
Es elel Reglamento Marco de Congresos (pulsar encima)que tiene mayor jerarquía normativa y es restrictiva de derechos esenciales de todo afiliado, el que lo explica y especifica bien claramente: en su 13.3 establece que para ser elector el requisito es “estar al corriente de las cuotas” y en su artículo 14.4, en relación la inscripción para compromisario, dice que“es suficiente con la sola firma”. Nada establece respecto a que la entrega de las hojas de inscripción se deba realizar en mano.
Más allá de esta consideración, está laCONTRADICTORIA RESOLUCIÓN DEL COMITÉ ORGANIZADOR (pulsar encima)de 29 de junio,que, por un lado, desestimó a la denuncia presentada por los cuatro miembros del Comité Ejecutivo Local de Laredo, en base a que“sólo eran los propios interesados los únicos con legitimidad para instar su propia inscripción y no otros afiliados en su nombre”,pero que, sin embargo, a renglón seguido, se contradice, ya que establece que la entrega de las hojas de inscripción se realizó“sin que conste apoderamiento a su favor para hacerlo en su nombre”.
Incurriendo así en una flagrante contradicción alestablecer, primero, que la legitimidad se basa en“que fueran los propios interesados quienes instaran su propia inscripción”,para luego, en el siguiente párrafo, admitir la posibilidad de que“otras personas, diferentes a los inscritos, puedan presentar en su nombre las diferentes hojas de inscripción en las diversas sedes del P.P.”
Los cuatro denunciantes se opusieron a la contradictoria resolución medianteun RECURSO presentado el mismo día veintinueve de junio (pulsar encima)donde solicitaron que se tuvieran por presentadas en tiempo y forma las veinticuatro hojas de inscripción de los militantes de Laredo, dado que habían cumplido con el encargo y apoderamiento de los afiliados pejinos, al entregar las hojas de inscripción en su nombre y dentro de plazo.
Posteriormente, el dos de junio, fueron los veinticuatro afiliados afectados quienes formularonuna RECLAMACIÓN CONJUNTA (pulsar encima)dirigida al Comité Organizador del Congreso, ratificando que“todos habían apoderado a los cuatro afiliados de Laredo, ya que ellos no pudieron presentar las hojas, por la sencilla razón de que la sede de Laredo estaba cerrada cuando acudieron a ella.
El día cinco de julio, dado que no habían obtenido respuesta del Comité Organizador del Congreso,15 DE LOS 24 AFILIADOS DE LAREDOse personaron en la mesa de la sede del P.P. de Laredo para ejercitar su derecho al voto, sin embargo, no se les permitió, dado que sus nombres no venían recogidos o inscritos en el censo de votantes.
Al verse privados de sus derechos, cada uno de estos quince afiliados formularon individualmente una reclamación que abrió la vía de la impugnación y anulación de la mesa, ya que exponían, entre otros aspectos que:
“Considero que ello vulnera los artículos 7.a), e) y m), 23.b), d) y k) y 59 de los Estatutos del Partido y el artículo 10.1 del Reglamento del XIX Congreso Nacional Extraordinario.
En consecuencia, solicito que se me acuse recibo de la presente reclamación, siendo anexada al Acta de la presente Asamblea con notificación expresa de la resolución que se adopte por esta Mesa y que, en su caso y en su momento, en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Reglamento del XIX Congreso Nacional Extraordinario se acuerde y ordene por el órgano competente la repetición de la presente Asamblea.
“que se acusase recibo de su reclamación y se repita la votación”.
Por último, subrayar que es sólo pura coincidencia el hecho de que fuese la candidata, Soraya Sáenz de Santamaría, la beneficiada de esta irregular situación denunciada en Laredo y en Orihuela, ya que en ambas mesas obtuvo el mayor número de votos y, previsiblemente, el apoyo de los compromisarios que resultaron elegidos.
No sabemos qué habría sucedido en estas dos mesas si los afiliados a quienes se privó de su derecho a participar en el Congreso Nacional hubieran podido ejercerlo, votando en estas mesas.
Por otro lado, habría que comprobar si en el resto de mesas donde se ha dado esta misma situación, el beneficiario ha sido el mismo.
Seguro que más de uno se preguntará si es pura coincidencia o hubouna mano invisible.
