El Estado no va a renunciar al uso de los mecanismos políticos y jurídicos que en defensa del interés general y de la soberanía de España le atribuyen la Constitución y las leyes», ha añadido.
Rajoy habló con Pedro Sánchez y Albert Rivera y juntos decidieron hacer frente al independentismo. Posteriormente, Rajoy como presidente del Gobierno escenificó la postura común: «Quienes quieren separar España tienen que saber que no lo van a conseguir […] porque la justicia prevalecerá sobre al sinrazón», ha afirmadoMariano Rajoyeste martes en respuesta a la propuesta de Junts pel Si y la CUP la para impulsar el inicio del proceso hacia laindependenciadeCatalunya. El presidente ha dado a entender, en una declaración institucional en La Moncloa, que en cuanto sea aprobada la iniciativa por el Parlament, el Gobierno hará uso de todos los instrumentos legales para detenerla. «Esta propuesta no surtirá ni uno solo de sus efectos», ha resaltado.
En unacomparecenciaextraordinaria y que no se produjo en anteriores ocasiones, como cuando el Parlament aprobó la declaración de independencia luego suspendida, Rajoy ha calificado como «acto de provocación» la iniciativa de los grupos soberanistas, unos grupos que, ha recordado, «no lograron la mayoría de votos».
«El Gobierno garantiza y garantizará que no van a lograr ninguno de sus objetivos. El Estado no va a renunciar al uso de los mecanismos políticos y jurídicos que en defensa del interés general y de la soberanía de España le atribuyen laConstitucióny las leyes», ha añadido.
Asimismo, el presidente ha querido enviar un mensaje de «tranquilidad» y ha asegurado que mientras él esté al frente del Gobierno, «quienes quieren separar Catalunya de España tienen que saber que no lo van a conseguir». Y ha insistido en su argumento de que es partidario del «diálogo» y de la «moderación», pero también de la «firmeza» a la hora de defender launidaddeEspaña.
El presidente no se ha querido detener en especificar qué instrumentos legales se utilizarán para frenar la iniciativa, pero a respuesta de la única pregunta que ha aceptado ha recordado la reforma delTribunal Constitucionalencaminada a castigar o suspender a aquellos que desobedezcan sus sentencias.
Fuentes gubernamentales han añadido a continuación que en primer lugar será el PPC el que intentará impedir, con un recurso ante la mesa del Parlament, que la iniciativa se debata. Si este paso no surte efecto, el Gobiernoimpugnaráante el TC la resolución, una vez sea aprobada. Aunque se ha solicitado un informe a los servicios jurídicos para que determinen si se puede actuar incluso antes.
Si tal como especifica la propuesta registrada por JxSí y la CUP, el Parlament o el Govern desobedecen la previsible suspensión decretada por el Alto Tribunal, este acutará «con aquel que se salte la resolución», aseveran las mismas fuentes. Por tanto el Ejecutivo descarta por ahora usar el artículo 155 de la Constitución que permite suspender laautonomía. Este mecanismo sería «la última opción», señalan en La Moncloa.
Poco antes de la declaración, el secretario general del PSOE,Pedro Sánchez, ha telefoneado al presidente del Gobierno para hablar de la resolución. Sánchez y Rajoy han quedado en mantener «una vía directa de diálogo» ante las consecuencias que se puedan derivar de la propuesta de resolución parlamentaria, han informado fuentes socialistas. El líder del PSOE ha trasladado a Rajoy que la postura de su partido ante el reto soberanista es clara: «Ley,diálogoy política».
Asimismo Rajoy ha telefoneado al líder de Ciudadanos,Albert Rivera. Según fuentes gubernamentales, Rajoy, Sánchez y Rivera han «coincidido en los principios generales», es decir, en la defensa de la unidad de España y la soberanía nacional, y han quedado en mantener «un diálogo fluido» en los próximos días.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, advirtió ayer de que pondrá en marcha todas las medidas políticas y jurídicas en defensa de la soberanía del pueblo español si llega a aprobarse la moción de Junts pel Sí y la CUP que declara el inicio del proceso para crear un estado catalán independiente. En una declaración institucional, tachó de «acto de provocación» la iniciativa y subrayó que no surtirá «ni uno solo de sus efectos».
Rajoy garantizó que mientras siga al frente del Gobierno, España seguirá siendo una «nación de ciudadanos libres e iguales» y la Justicia prevalecerá sobre «la sinrazón» y «todos» estarán sometidos a la ley y a las resoluciones de los tribunales. Al respecto, recalcó que la propuesta de resolución de Junts pel Sí y la CUP es contraria a la Constitución, a las leyes, al sentir mayoritario de los catalanes y a la voluntad democrática de todos los españoles. «Quienes quieran separar y dividir a Cataluña de España deben saber que no lo van a lograr», recalcó.
Por último, se mostró «a favor» de la «moderación y el diálogo», si bien añadió que defenderá «con firmeza, determinación y con los instrumentos que da la ley» a España y a los españoles, así como «la democracia y la convivencia armónica y solidaria entre todos los pueblos de España». Ante la posibilidad anunciada por los autores de la resolución independentista de incumplir los mandatos de los tribunales españoles y en especial del Constitucional, Rajoy aludió a la reciente reforma del Alto Tribunal, que le dota de los «medios eficientes» para actuar en este tipo de situaciones.
Antes de leer la declaración institucional, Rajoy conversó por teléfono tanto con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a quienes informó de las líneas generales del mensaje que iba a trasladar a la opinión pública. Con ambos coincidió en los «principios generales» y se comprometió a mantener un diálogo fluido ante el desafío que se está produciendo en Cataluña, según explicaron fuentes gubernamentales.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, insistió en que esta crisis se resolverá desde la política. En declaraciones aOnda Cero, aseguró que el PSOE «siempre va a estar en la defensa de la integridad y la convivencia entre españoles», así como de «la legalidad». Posteriormente, en un acto en la localidad guipuzcoana de Eibar, hizo un llamamiento a «ganar al secesionismo» catalán con «la fuerza de la ley y de la política».
Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, abogó por agotar todos los recursos jurídicos contra la propuesta de Junts pel Sí y la CUP y cuestionó la aplicación del artículo 155, que sólo se utiliza cuando «fracasa la Constitución». En declaraciones al programaHora 25de laCadena SER, dijo que «es momento de calma y pocos aspavientos», pero también de usar todos los recursos legales.
Desde Podemos, su secretario Político, Íñigo Errejón, calificó de «inaceptable» la iniciativa de los grupos soberanistas en el Parlamento catalán, y consideró que es una «cortina de humo» por los casos de corrupción. Errejón se refirió a las conversaciones telefónicas del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con los líderes de PSOE y Ciudadanos, Pedro Sánchez y Albert Rivera, respectivamente, que, en su opinión, demuestra «qué tipo de pactos tienen en la cabeza» tras las elecciones del 20-D.
Por su parte, el Gobierno catalán en funciones, por boca de su vicepresidenta, Neus Munté, aseguró que seguirán adelante con el proceso soberanista, pese a las «amenazas» con las que ha reaccionado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la propuesta de resolución de Junts pel Sí y la CUP. Munté anunció que el Ejecutivo en funciones prevé tramitar las leyes que contempla la propuesta, y acusó a Rajoy de no respetar «la democracia y la libertad de expresión».
Junts pel Sí y la CUP registraron ayer en el Parlament una propuesta de resolución que se tramitará con carácter de urgencia, que declara «solemnemente» el «inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república». Esta iniciativa se debatirá en un pleno extraordinario, anterior al debate de investidura, que deberá celebrarse como máximo el 9 de noviembre.
La iniciativa proclama «la apertura de un proceso constituyente ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo» para «preparar las bases de la futura constitución catalana». El texto elude el término «desobediencia», pero sí señala que el Parlament, como «depositario de la soberanía y expresión del poder constituyente» «no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular al Tribunal Constitucional», a quien consideran «deslegitimado».
La resolución prevé que en un plazo máximo de 30 días se inicie la tramitación de las «leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública», que deben servir para poner las bases de estructuras de Estado imprescindibles para la «desconexión democrática» de Cataluña con respecto al conjunto de España.
Los grupos de la oposición en el Parlament rechazaron esta resolución. La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, calificó de «golpe a la democracia y al orden constitucional» la declaración que promueven Junts pel Sí y la CUP. La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, advirtió de que la aprobación de la resolución supondría el «error político más grave» en la historia reciente. Por su parte, el líder del PP en el Parlament, Xavier García Albiol, dijo que la respuesta del Gobierno será «proporcional a la gravedad de este desafío democrático». Desde Unió, Josep Antoni Duran Lleida calificó de «barbaridad» la prouesta.
Ciudadanos, el PSC y el PP presentarán hoy en el Registro del Parlament una solicitud para que la Mesa reconsidere su decisión de tramitar la propuesta. Además, solicitarán un informe a los servicios jurídicos de la Cámara para que dictaminen si esa propuesta de resolución se ajusta a la legalidad. Al mismo tiempo, Ciudadanos negocia con el PP una resolución alternativa a los secesionistas, a la que el PSC advirtió ayer de que no se sumaría. Mientras, Catalunya Sí que es Pot quiere impulsar una resolución propia que incluya una defensa del referéndum sobre el futuro de Cataluña y elementos contra la corrupción.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer, en una entrevista en laCOPE, que al Ejecutivo «no le va a temblar la mano» para utilizar todos los instrumentos que pone a su disposición la Constitución ante la iniciativa presentada por Junts pel Sí y la CUP. La vicepresidenta recalcó que el Tribunal Constitucional tiene mecanismos para hacer cumplir la ley y si Cataluña pone en vigor una decisión en su contra, se suspenderá.
La vicepresidenta defendió la respuesta del presidente del Gobierno y negó la críticas sobre una supuesta debilidad en su reacción. Coincidió en que es una «provocación», y que otra cosa será «si pasa a mayores». «No han llegado al extremo de una declaración unilateral de independencia. Han abierto un proceso, lo de siempre. Están todo el día abriendo procesos, y mientras Cataluña con sus problemas», enfatizó.
Sáenz de Santamaría consideró que la propuesta «parece más una huida hacia adelante para tapar otros problemas», en referencia a la actuación judicial contra la familia Pujol. Además, la vicepresidenta puso en valor el acuerdo sobre este asunto del bloque constitucionalista que forman PP, PSOE y Ciudadanos. Preguntada expresamente por la razón por la que no incluye en ese bloque a Podemos, respondió: «No sé dónde están». «No se puede soplar y sorber, que te valga para Cataluña y para el resto de España», incidió.
Por su parte, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, vio en la propuesta de Junts pel Sí y la CUP una «cortina de humo» sobre los registros que se llevaron a cabo en viviendas de la familia Pujol.
Todos los diarios destacan en sus primeras, algunos con contundentes titulares a toda página, la propuesta de Junts pel Sí y la CUP y la reacción del presidente del Gobierno. Precisamente,EL PAÍScentra su atención en la reacción de Rajoy: «La declaración de independencia no recibe la respuesta de Rajoy».EL MUNDOresalta la «rebelión contra el Estado», yEL PERIÓDICOhabla de «choque a la vista».LA VANGUARDIArefleja que «los soberanistas acuerdan iniciar la ruptura con España».
Por su parte,ABCyLA RAZÓNaluden a la respuesta del Estado ante el desafío independentista. «Todo está listo para suspender la autonomía de Cataluña», destacaABCen su titular de portada, sobre una foto del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y su mujer, Marta Ferrusola, durante el registro de su casa en Barcelona. Según este diario, «el Gobierno impugnará ante el TC la resolución por su extrema gravedad», y señala que «La Moncloa tiene todo listo para aplicar el artículo 155» de la Constitución. TambiénLA RAZÓNdice en su primera que «Rajoy llevará al TC el desafío para romper España». En páginas interiores, este diario apunta la dificultad de aplicar el artículo 155 en la actual coyuntura política, una vez oficializada la disolución de las Cortes Generales, ya que esta iniciativa debe ser autorizada por la mayoría del Senado y, segúnLA RAZÓN, «hay discusión sobre que esa competencia pueda atribuírsele a la Diputación Permanente».
EL PAÍSinforma que «todos los servicios jurídicos del Gobierno están en alerta» para actuar ante cualquier iniciativa del Gobierno o el Parlamento catalán. Según este diario, «cualquier respuesta» del Gobierno «pasa por el Tribunal Constitucional».EL MUNDOapunta que los expertos «ven dificultades» tanto en la reforma del Constitucional como en la vía del artículo 155.
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