Puerto deportivo de Laredo: Todo un «tsunami» para el Gobierno PRC-PSOE

NO SE ENTIENDE el rechazo al informe de los servicios jurídicos del Gobierno regional que en seis ocasiones ha ganado los juicios pendientes a las empresas concesionarias, informe por cierto que cuenta con al menos veinte veces más de páginas y argumentos
EL INTENTOdel Gobierno regional -del que José María Mazón, consejero de Obras Públicas es mero ejecutor- de indemnizar con muchos millones a las empresas ASCÁN (Santiago Díaz) y la nacional FCC (hermanas Koplowit),puede ser el»tsunami»que pueda llevar a la deriva al actual Ejecutivo del PRC-PSOE. No se entiende la obstinación de Mazón y del Gobierno en defender un informe del Consejo de Estado frente al del departamento jurídico del Gobierno regional, hecho que, en principio, no se entiende en la postura de un partido regionalista.El Consejo de Estado es unainstitución políticade las llamadas a desaparecer -si se pidiera la opinión de la ciudadanía- al ser un «nido» de expolíticos con sueldos millonarios, lo mismo que los consejos consultivos que se han ido creando en diversas autonomías. Como instituciónpolíticaes influenciable y puede ser sometido a presiones determinadas ya que los informes exigen, finalmente, el visto bueno de expolíticos. Y no deja de ser sospechoso que en 14 líneas intente sentenciar este caso, dejando la puerta abierta a indemnizaciones millonarias a las empresas ya citadas.Pero, además, el informe como todos los de esta institución,no es vinculante. Es decir, si el Gobierno de turno así lo decide, se archiva y aquí no pasa nada. Pero hete aquí que Mazón se obstina en presentarnos el informe como independiente y como una necesidad (desde luego, no de la ciudadanía) de asumir su contenido. Más grave, todavía, cuando se rechaza el informe de los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria que en seis ocasiones ha ganado los juicios pendientes a las empresas concesionarias, informe por cierto que cuenta con al menos veinte veces más de páginas y argumentos.El Gobierno debe saber -y más el presidenteseñor Revilla- que cualquier tipo de pago que no sea el que pudieran decidir los tribunales para liquidar esta cuestión, podría ser un escándalo y el motivo de un alejamiento de la ciudadanía de las bases electorales del actual Ejecutivo. No es para menos. Ayer, sin ir más lejos,PodemosyCiudadanos, que suman cinco votos claves en el Parlamento de Cantabria se han posicionado clramente en contra. Por ello, obstinarse en ejecutar la vía acordada por el Gobierno y explicada por Mazón puede llevar al actual Ejecutivo a unsuicidio muy prematuro, prácticamente sin haber comenzado la legislatura.Rectificar es de sabios. No sabemos a que esperan, más cuando el propio consejero Mazón ha asumido que las empresas concesionariasocultaroninformacion relevante a su Consejería en la legislatura 2007-11. Cualquier intento del Ejecutivo de sortear la postura de mayoría absoluta del Parlamento -aunque sea una oposición un tanto heterogénea- no sería entendible yalimentaría sospechasde todo tipo.