Prisas por una ley de derechos de las personas con discapacidad

La vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos se lo ha anunciado a los representantes de CERMI Cantabria con los que se ha reunido esta mañana
Díaz Tezanos durante la reunión con representantes de CERMI. Foto: Raul Lucio
La vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, ha anunciado hoy, tras la reunión que ha mantenido con representantes de CERMI,  que el Gobierno se pondrá a trabajar «de manera inmediata» en la elaboración de una ley de derechos de las personas con discapacidad.
Díaz Tezanos ha explicado que en los próximos meses el Ejecutivo llevará al parlamento el proyecto de ley que elaborará trabajando conjuntamente con CERMI.
Además, ha anunciado que la consejería que dirige y esta entidad crearán un equipo permanente de trabajo que se reunirá de manera periódica para ir trabajando «en aquellas cuestiones que les preocupan».
«Los recortes que se han producido en estos años han impactado a este colectivo de manera muy importante porque discapacidad y exclusión social y pobreza están muy relacionadas», ha afirmado Díaz Tezanos, quien ha destacado que  «el compromiso de este Gobierno es ir recuperando progresivamente el sistema público de servicios sociales».
«El Gobierno y yo, como consejera competente en política social, tenemos el objetivo de mejorar la atención a las personas con discapacidad y vamos a  analizar y trabajar conjuntamente para ver cuáles son los obstáculos para su plena integración y vamos removerlos», ha afirmado. «Cantabria tiene un  reto importante que es la plena integración de las personas con discapacidad».
Además, ha afirmado que el Ejecutivo va a abordar esta tarea desde todas las consejerías «porque es un tema trasversal» que además afecta a entre 30.000 y 40.000 personas en Cantabria.
Mar Arruti, presidenta de CERMI,  ha coincidido con Díaz Tezanos en que las políticas de integración de las personas con discapacidad se deben tratar desde diferentes ámbitos. «No queremos leyes específicas sino que en cualquier ley esté presente», ha asegurado.
La consejera también ha destacado la importancia del sector de la economía social en Cantabria, en el que trabajan unas 1.800 personas, sobre todo en los centros especiales de empleo. Además, ha asegurado que cumplen una función de gran valor y se ha comprometido a potenciarla y reforzarla.
Arruti ha reconocido que la crisis ha tenido efecto en estos centros especiales de empleo «que a día de hoy tienen problemas» y ha reclamado que en los concursos públicos del Gobierno de Cantabria se incluya «una cláusula social» para que estos centros tengan la oportunidad de concurrir en estas convocatorias.