El Ejecutivo considera que el hecho de estar en funciones y no haber sido elegido por la Cámara que emanó de las elecciones del 20 de diciembre le impide someterse al control político del Parlamento.
Primer plantón del Gobierno alCongreso. El ministro de Defensa,Pedro Morenés, no ha acudido, tal y como ya había avanzado el Ejecutivo, a rendir cuentas ante la comisión del ramo para informar sobre la última reunión de ministros de la OTAN de Bruselas y la operación naval en el Egeo contra las mafias que trafican con los refugiados.
Tal como informó la vicepresidenta,Soraya Saénz de Santamaría, y el secretario de Estado con las Cortes,José Luis Ayllón, el Gobierno considera que el hecho de estaren funcionesy no haber sido elegido por la Cámara que emanó de las elecciones del 20 de diciembre le impide someterse alcontrol políticodel Parlamento. El presidente del Congreso,Patxi López,y la oposición difieren de esta tesis y por eso solicitaron la comparecencia de Morenés y celebrar un pleno con control al Gobierno.
Este jueves, tanto elPSOEcomoCiudadanos, al comprobar que el ministro se ausentaba, han avisado de que estudiarán si cabe emprender medidas legales, incluso por la vía penal. Así, el portavoz socialista de Defensa,Germán Rodríguez, ha anunciado que su grupo solicitará que se levanteacta de la incomparecenciadel ministro, que se lleve a la Mesa del Congreso y que se estudie «la posibilidad de interponer unconflicto de atribucionespara que el Gobierno tenga que responder ante la Cámara como prevé la Constitución».
Más duro se ha mostrado su homólogo de Ciudadanos,Miguel Gutiérrez, quien ha asegurado que su partido apoyará recurrir al Tribunal Constitucional e, incluso, «ir más allá» con «denuncias concretas de actores concretos que están incumpliendo sus derechos y obligaciones», si bien no ha dado más detalles. Preguntado si eso significa si están dispuestos a acudir, incluso, a lavía penal, ha respondido: «Es la vía que nos han dejado».
El dirigente de Ciudadanos ha afirmado que estudiarán una posibledemandaal ministro de Defensa con «toda la asesoría jurídica de la Cámara» porque, a su juicio, es «gravísimo no comparecer ante las peticiones de los grupos y declararse enrebeldía».



