El partido en el Gobierno registra una proposición de ley para que el TC pueda multar o suspender a quien incumpla sentencias e impedir así una Declaraciíon Unilateral de Independenca.
El Gobierno ha decidido reforzar los mecanismos legales existentes para evitar a toda costa que tras el 27-S haya una declaración unilaterial de independencia. A a diez días del inicio de la campaña del27-S, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados,Rafael Hernando, ha comparecido en rueda de prensa junto al candidato delPPCa las elecciones catalanas,Xavier García Albiol, para anunciar que el PP aprobará con carácter de urgencia y antes de que se acabe la legislatura una reforma delTribunal Constitucionalpara dotar a este organismo de capacidad sancionadora contra quien vulnere y no acate sus sentencias.
La reforma, que los populares prevén aprobar en el Congreso en el pleno del 29 de septiembre para que esté aprobada definitivamente en torno a octubre, prevé que el alto tribunal pueda «imponermultascoercitivas», que van desde los 3.000 y los 30.000 euros, «acordar lasuspensiónde las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento o encomendar al Gobierno, aunque este esté en funciones, laejecuciónde la sentencia».
En alusión directa al plan soberanista de Artur Mas, Albiol ha proclamado: «La broma se ha terminado». El candidato popular ha avisado que la reforma hará que «nadie» vaya a «proclamar laindependenciadeCatalunya» y se dirige especialmente contra aquellos que «pretenden romper Catalunya del resto de España».
«Hemos visto situaciones de desacato y esto se tiene que acabar», ha señalado Hernando en referencia a la consulta del 9-N. «A partir de ahora», ha añadido, «algunos se lo pensarán mejor», en alusión a Mas.
Albiol ha invitado a otros partidos, especialmente a Unió y el PSC, que respalden una iniciativa que «refuerza el Estado de Derecho». Hernando también ha invitado a sumarse a la misma a Ciudadanos.
Según el texto de la proposición de ley registrado este martes, la reforma atribuye «carácter de título ejecutivo a las resoluciones del Tribunal y establece, en materia de ejecución, la aplicación supletoria de la ley de jurisdicción contencionso-administrativa». En base a esta disposición, los jueces podrán «disponer en lasentenciaquién ha de ejecutarla, las medidas de ejecución necesarias y, en su caso, resolver las incidencias de la ejecución».
El fallo se podrá «notificar a cualquier autoridad o empleado público» y en el caso dedesobediencia, se solicitará un informe antes de decidir si se le impone una multa u otra sanción.
En el caso de que concurran «circunstancias de especialtrascendencia», como podría ser una DIU, el tribunal de oficio o a instancia del Gobierno podrá adoptar las sanciones necesarias «sin oír a las partes». Posteriormente, en el plazo de tres días, escuchará a las partes y al fiscal y confirmará o modificará las medidas previamente adoptadas.
POSICIONAMIENTO DEL PSOE:»BARBARIDAD»
El secretario de Acción Política y Ciudadana delPSOE,Patxi López, ha atribuido este martes alPPuna «utilización partidaria de las instituciones», «deslealtad» e «irresponsabilidad» absolutas. El dirigente socialista, que ha dicho que su partido no apoyará la iniciativa, la ha tachado de «barbaridad», además de considerarla una «sobreactuación electoral».
La ley que rige el TC, ha dicho López, forma parte de la base fundamental del sistema democrático, mientras la reforma que plantea el PP conlleva «irregularidades legales» porque no cuenta con los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo de Estado. Lo que pretenden los populares, sostiene, es hacercampaña, dado que la reforma la ha presentado su candidato en Catalunya,Xavier García Albiol. Algo que demuestra, subraya, que el PP no tiene ninguna intención de sentarse a negociar.
La reforma planteada por los conservadores por la vía de urgencia contempla que el TC pueda multar o suspender aArtur Massi no acata las sentencias del tribunal. «En lugar de hablar, reflexionar y acordar entre todos, imponen su pensamiento único al conjunto del país», ha criticado López. Los populares, ha dicho, solo buscan «una instrumentalización perversa» de las instituciones para que Albiol se haga «una foto electoral».
Según ha subrayado el dirigente socialista, la legislación española ya cuenta con los medios suficientes para garantizar el cumplimiento de las sentencias del Constitucional, por lo que la reforma del PP «se carga la propia naturaleza» del TC. «Quieren convertirlo en una especie de tribunal administrativo que impone multas», ha dicho. «De ninguna manera esto puede hacerlo el PP sin consenso», ha sentenciado.
LA MEDIDA EN LOS DIARIOS.
El PP registró ayer en el Congreso una proposición de ley que reforma el Tribunal Constitucional para permitir que aplique sanciones, incluida la suspensión, de funcionarios y gobernantes que incumplan sus sentencias y resoluciones. Todos los diarios destacan que, aunque la medida será aplicable a todas las administraciones, está pensada para un posible escenario de declaración unilateral de independencia de Cataluña. En concreto, los diarios coinciden unánimemente en que esta medida va dirigida contra Artur Mas.
Así,EL PAÍSdestaca que «el PP reforma el Constitucional para poder inhabilitar a Mas».EL MUNDOdice que «Rajoy toma la iniciativa al habilitar al TC para suspender a Mas». De igual modo,ABCresalta que «el PP planta cara a Mas al reformar el TC para que sus sentencias se cumplan».LA VANGUARDIAapunta que «el PP quiere cambiar la ley para suspender a Mas». Por su parte,EL PERIÓDICOhabla de «blindaje frente al 27-S», y añade que «el PP inicia una reforma exprés para que el Constitucional pueda suspender a Mas».LA RAZÓNrefleja que «el TC podrá inhabilitar y suspender a Mas si incumple sus sentencias».CINCO DÍASsubraya la «reforma legal urgente para poder frenar a Artur Mas» yEL ECONOMISTAincide en que «el PP impulsa una reforma exprés del Constitucional para ‘apartar’ a Mas».
La propuesta de reforma fue presentada por el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, y el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, quien consideró que esta medida es la «garantía de que nadie puede incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional y es un mensaje muy claro» a los que quieren «romper Cataluña del resto de España». «La broma ha terminado», proclamó.
El portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, explicó que con el trámite de urgencia se pretende que el pleno del Congreso vote la toma en consideración de esta proposición la semana del 14 de septiembre y después vote el texto legislativo el 29 de septiembre. A continuación, la proposición pasará al Senado, para que, en el caso de que se introduzcan enmiendas, pueda volver a tiempo al Congreso y ser aprobada definitivamente antes de que acabe la legislatura, apuntó Hernando.
García Albiol pidió a todos los grupos del Congreso que apoyen la iniciativa, especialmente a Unió y al PSOE. Al respecto, señaló que en la votación de esta iniciatvia se comprobará cuál es «la coherencia» de los socialistas, que «dicen una cosa en Madrid y lo contrario en Cataluña» cuando se refieren al debate soberanista.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, dijo ayer que el PP «se plantea cargarse el Estado de derecho». En una conferencia en la Cámara de Comercio de Girona, Mas se refirió a la reforma del Constitucional, que calificó de «esperpéntica» e «inquisitorial». «Esto sí que recuerda los años treinta. No es ni Estado de derecho ni calidad democrática, es alarmante», subrayó Mas durante su intervención. Mas expresó su deseo de que «esto ayude a muchos a abrir los ojos», y concluyó: «Con todo lo que se ha luchado para abrir España al mundo, todo esto se va a pique».
De igual modo, la portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, consideró «inconstitucional» y «electoralista» la propuesta de reforma del Tribunal Constitucional presentada por el PP. El portavoz de Convergència en el Senado, Josep Lluis Cleries, afirmó que la propuesta supone «un ataque a la democracia en toda regla».
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, respondió que nadie tiene «nada que temer» de la proposición presentada por el PP, salvo que incumpla la ley. Sáenz de Santamaría subrayó que la reforma lo que hace es «fortalecer» el marco constitucional.
Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, pidió «no preocuparse o escandalizarse» por el hecho de que el Gobierno pretenda fortalecer el Tribunal Constitucional con una reforma legal que garantiza el cumplimiento de sus sentencias. En su opinión, la reforma cumple una «laguna» del actual ordenamiento jurídico, ante el hecho de que un gobierno se niegue a cumplir los fallos del TC.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, defendió la reforma y reclamó al resto de formaciones que se «retraten» en su defensa o no del cumplimiento de la ley.
Los partidos de la oposición criticaron unánimemente la reforma del Constitucional propuesta por el PP. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, acusó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de plantear una reforma de manera «unilateral» con fines «electorales» y «partidistas» y le recriminó que olvide el interés general de los españoles y pretenda legislar para la «extrema derecha» de su partido. El secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, advirtió de que la reforma «alimenta el victimismo» de Artur Mas y su lista independentista.
El líder de UDC, Josep Antoni Duran Lleida, criticó la reforma y advirtió de que es «poco inteligente» pensar que multando a Mas se va a resolver el problema de Cataluña. El secretario general de Unió, Ramon Espadaler, calificó de «oportunista» y «electoralista» la propuesta e instó al Gobierno a aplicarse a sí mismo esta iniciativa por «incumplir» sus sentencias. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, afirmó que la propuesta del PP genera más «alarma y crispación».
El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, alertó al PP de que los «problemas políticos» como los derivados del proceso independentista de Cataluña no se resuelven con «ataques y amenazas», sino a través del diálogo. El senador del PNV Jokin Bildarratz acusó al PP de buscar «el enfrentamiento y la confrontación».
Para el líder de Podemos, Pablo Iglesias, «las amenazas» no ayudan a que los ciudadanos entiendan, y apostó «por el diálogo. También desde Podemos, Rafael Mayoral acusó al PP de «echar lecha al fuego».
Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, rechazó la propuesta del PP. A su juicio, los populares presentan esta iniciativa «tarde y mal» y después de toda una legislatura en la que el Gobierno ha permitido a la Generalitat que no cumpla las leyes.
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