Otra sanción de 3.000 euros por vender «leche a perdida»

Con esta campaña, puesta en marcha en 2012 desde la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, han sido sancionados ocho establecimientos por este ataque a nuestros ganaderos.
La Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria continúa en 2014 con la campaña de inspección de grandes empresas de distribución, para controlar el precio de venta al público de la leche a pérdida.
La legislación regional prohíbe vender un producto a un precio inferior al de adquisición según factura. Para asegurarse que se cumple la normativa, el Gobierno viene desarrollando una labor de inspección a los establecimientos comerciales de grandes empresas de distribución.
Esta campaña de inspección fue lanzada por el Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Comercio y Consumo, en septiembre de 2012 para controlar el precio de venta al público de diversos tipos de leche. El objetivo es defender la libre y leal competencia entre todas las empresas distribuidoras, así como proteger los derechos de los ganaderos de Cantabria, evitando una caída de los precios que haga inviables sus explotaciones.
La última sanción resuelta por la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio se cuantifica en 3.000 euros, por venta con pérdida al público de una marca de leche fuera de los supuestos que recoge la Ley de Comercio de Cantabria.
El procedimiento se sigue desde la Dirección de Comercio a instancias de la Dirección General de Pesca y Alimentación de la Consejería de Desarrollo Rural. Desde esta Dirección, se visitan diversos establecimientos, hipermercados y supermercados, comprobando los precios de venta al público y las variaciones de éstos respecto a los de visitas anteriores. Los resultados son enviados y comprobados por el Servicio de Comercio y Consumo de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, que, en vista del aumento o disminución de los precios en los distintos períodos observados, inspecciona aquellos establecimientos en los que se hayan producido disminuciones de precios, levanta acta con el PVP en el momento de la inspección y se requiere la factura de compra. Posteriormente, a la vista de esta factura, si el precio de compra por el comerciante a su proveedor es inferior al PVP, se inicia el expediente sancionador.
Desde el lanzamiento de esta iniciativa son ocho las sanciones recogidas: tres en 2012, cuatro en 2013 y una en 2014. Las sanciones han llegado en algunos casos hasta los 15.000 euros, siendo calificadas todas ellas como graves.