La ya conocida como «abuela de Fuerteventura» ha defendido que su único pecado ha sido «dar un techo» a sus nietos. «Si este es el precio que tengo que pagar por ello, lo haré», ha añadido.
La vecina de Betancuria (Fuerteventura) Josefa Hernández, de 62 años, ha ingresado este lunes por la tarde en la prisión de Tahíche (Lanzarote) para cumplir una pena de seis meses por no derribar su casa, preocupada por la situación en la que quedan los tres nietos menores a los que cuidaba hasta ahora.
«Lo único que me preocupa es que dejo a tres niños un poco desamparados», ha manifestado Hernández a las puertas del penal, al que ha entrado pasadas las 15.35 horas, en compañía del presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales (CC); y del alcalde de su pueblo, Betancuria, Marcelino Cerdeña (independiente).
La ya conocida como «abuela de Fuerteventura» ha defendido que su único pecado ha sido «dar un techo» a sus nietos. «Si este es el precio que tengo que pagar por ello, lo haré», ha añadido.
Hernández fue declarada culpable de un delito contra el medio ambiente por haber construido su casa en un paraje protegido, en Parque Rural de Betancuria, y condenada a seis meses de cárcel, 700 euros de multa y el derribo de su vivienda, considerada ilegal.
Esta vecina pagó en su día la multa, pero no demolió la casa porque no tiene otro lugar al que irse a vivir con los cinco familiares que dependen de ella (un hijo parado, una hija discapacitada y tres nietos menores), lo que llevó a un Juzgado de Puerto del Rosario a exigirle que cumpliera la pena de prisión, que inicialmente había quedado en suspenso.
Su caso ha despertado una gran ola de solidaridad en Canarias, donde partidos políticos de todo signo le han expresado su apoyo (CC, PSOE, PP, Podemos, Nueva Canarias e IU, entre otros) y miles de personas han firmado en internet una petición de indulto.
Al entrar en la cárcel, Hernández ha dado las gracias a todos ellos y a los medios de comunicación por haber contribuido a que su caso se conozca. En especial, ha expresado su agradecimiento al presidente del Cabildo de Fuerteventura y al alcalde de Betancuria, por haber estado con ella esta semana «día y noche».
«No sé por qué me ha tocado a mí esto», ha añadido Josefa Hernández, que solo desea que el día que salga de prisión pueda tener otro techo donde proteger a sus nietos y tirar su casa en el paraje de Aguas Verdes, dando así cumplimiento a la sentencia.
Esta vecina de Betancuria ha sido recibida a la entrada de la cárcel por un grupo de personas que portaban una pancarta con el lema «Justicia para Josefa» y varios cargos públicos de Podemos, que hoy han registrado en el Parlamento de Canarias una proposición no de ley en apoyo a la solicitud de indulto.
La diputada autonómica de este partido María del Río ha calificado de «vergüenza» el ingreso en prisión de esta vecina y ha pedido a la Justicia que sea «igual de escrupulosa» con los responsables de la construcción de los hoteles declarados ilegales en Lanzarote, que siguen en explotación.
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha instado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, a indultar a la mujer de Fuerteventura encarcelada por no derribar su casa construida hace años en terreno protegido, en el Parque Rural de Betancuria.
En una carta remitida vía email a Catalá, que ha difundido a través de las redes sociales, Revilla pide la «inmediata liberación» de Josefa Hernández y considera que el indulto en este caso está «justificado».
«La potestad de indulto del Gobierno es, en términos generales, un anacronismo que ha venido utilizándose para salvar de la cárcel a banqueros que compraron jueces, a políticos corruptos y a empresarios que han estafado a multitud de ciudadanos. Pero hay casos en que sí el indulto tiene sentido», ha apuntado Revilla en el inicio de su misiva a Catalá, recogida por Europa Press.
Revilla ha opinado que la mujer –a la que describe como una «venerable señora que con su mísera pensión mantiene a dos hijos y cuatro nietos bajo el techo» de esta casa– «no puede permanecer ni un día más en la cárcel».
El presidente cántabro ha pedido al ministro que, «encarecidamente», atienda a su petición y dé las órdenes oportunas, previo acuerdo del Gobierno, para indultar a esta mujer, interpretando el «sentir inmensamente mayoritario de un pueblo perplejo ante situaciones como esta, que ha generado «clamor e induganción» en España».
PETICIÓN DE INDULTO
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Aarón Afonso, ha exigido al Estado que se pronuncie «ya» sobre el indulto solicitado a favor de Josefa Hernández, la ciudadana de Fuerteventuraque se enfrenta a la cárcel por no derribar su casa.
En un comunicado del Gobierno regional el consejero dice que el derribo de la casa lo había ordenado una sentencia en 2012, pues fue edificada en lo que hoy forma parte de un parque natural del municipio de Betancuria.
Por otra parte, las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de Canarias convocarán mañana lunes a las seis de la tarde ante las delegaciones del Gobierno de España de cada isla, concentraciones para pedir el indulto de Josefa Hernández, de 62 años, condenada a prisión por no derribar su casa, construida en un parque natural.
La condenada alega que no lo hizo porque no tiene otra vivienda y Afonso recuerda que la mujer está pendiente de un indulto «sin que hasta la fecha el Gobierno que preside Mariano Rajoy se haya pronunciado».
Por este motivo, el consejero afirma su total disponibilidad a reunirse con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, a fin de acelerar el proceso, algo que considera urgente dadas las condiciones de la afectada, de 62 años y cabeza de familia.
Asimismo, el político canario explica que el departamento de Políticas Sociales, a instancias de la vicepresidenta Patricia Hernández, lleva días trabajando junto al Cabildo de Fuerteventura en una línea urgente de ayuda a la familia de Josefa Hernández.
Ambas administraciones están comprometidas en hallar una solución social cuanto antes. Hernández estaba obligada a ingresar ayer en prisión para cumplir la condena de seis meses de cárcel que le impuso un Juzgado de Puerto del Rosario por un delito medioambiental, consistente en haber construido su casa en un espacio protegido, el Parque Rural de Betancuria.
Su encarcelamiento no se produjo por problemas de salud que obligaron a su internamiento en el Hospital General de Fuerteventura durante varias horas.




