El arranque del curso escolar en Cantabria ha venido acompañado de una imagen inédita: unas 8.000 personas tomaron ayer las calles de Santander para exigir la retirada de la llamada “cláusula Silva”, el punto del acuerdo retributivo que condiciona la subida salarial del profesorado a la disponibilidad de presupuesto.
Convocados por la Junta de Personal Docente (ANPE, STEC, CCOO, TU y UGT), los participantes iniciaron la marcha en la rotonda de Río de la Pila, frente a la Consejería de Educación, entre silbatos, cencerros y pancartas con lemas como “Recuperar el poder adquisitivo”. La protesta, marcada por la lluvia, concluyó una hora después en Correos, con un mensaje rotundo: “O se retira la cláusula Silva, o se retira él”, en referencia al consejero de Educación, Sergio Silva.
Los sindicatos recuerdan que, tras meses de negociaciones, han rebajado su propuesta inicial de 240 a 180 euros de incremento salarial, repartido en cinco anualidades, una cifra que la Consejería ha admitido como viable. Sin embargo, advierten de que la cláusula incluida por Silva convierte el acuerdo en “papel mojado”, ya que supedita cualquier mejora a la aprobación de los presupuestos autonómicos.
El malestar del profesorado se ha visto reforzado por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que redujo los servicios mínimos fijados por la Consejería para la huelga. Con este escenario, los sindicatos han advertido que septiembre y octubre estarán jalonados de nuevas protestas, incluida la posibilidad de una semana completa de paro.
Respaldo político en la calle
La manifestación contó con la presencia de dirigentes del PSOE y el PRC, entre ellos el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y la candidata regionalista a la Presidencia, Paula Fernández. Ambos criticaron la actitud del Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga y reclamaron un acuerdo inmediato que ponga fin a un conflicto que, a su juicio, deja a la comunidad como una “anomalía” en el panorama educativo nacional.
Casares subrayó que Cantabria “ha pasado de ser referente en excelencia educativa a ocupar titulares por su conflictividad”, mientras que Fernández acusó al Gobierno popular de ser “el más conflictivo de los últimos veinte años” y pidió a Buruaga que “tome cartas en el asunto de una vez por todas”.
