Monedero no muestra el contrato ni el informe por el que cobró 425.000 euros de varios países hispanoamericanos

Para Monedero, el «régimen del 78» ha lanzado todas sus «baterías» contra él en los medios de comunicación. Habló de «montaje» y de intento de «desmontar a través de los medios lo que no pueden conseguir con las urnas&qu
El dirigente de Podemos Juan Carlos Monedero presentó ayer la factura de los trabajos de asesoría que hizo para varios países latinoamericanos, aunque no aportó el contrato ni los informes por los que recibió 425.000 euros porque, según dijo, están sometidos a una «cláusula de confidencialidad». Según explicó, el contrato con el Banco del Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) fue firmada por la empresa Caja de Resistencia Motiva 2, empresa que fue creada por Monedero en 2013. Sobre la cantidad que cobró, señaló que es el precio que consideró satisfactorio para el trabajo que hacía.
Monedero negó tajantemente cualquier irregularidad o que Podemos haya recibido financiación de Venezuela, uno de los países para los que hizo las asesorías. «No ha habido ni un euro de financiación a Podemos de Caja de Resistencia Motiva 2», concretó respecto a la empresa que creó para cobrar esos trabajos y desarrollar otros en España vinculados al programaLa Tuerka.
Elnúmero tresde Podemos denunció una «caza de brujas» y pidió a la Fiscalía y a la Agencia de Protección de Datos que investiguen un posible delito de revelación de secretos del que en última instancia sería responsable el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Al respecto, calificó de «muy preocupante» que el ministro enviara a dos agentes de Aduanas para notificarle la inspección de Hacienda. «Me gustaría que el ministro actuara de oficio contra toda la gente que está en lalista Falciani», señaló.
Para Monedero, el «régimen del 78» ha lanzado todas sus «baterías» contra él en los medios de comunicación. Habló de «montaje» y de intento de «desmontar a través de los medios lo que no pueden conseguir con las urnas».
Monedero defendió que la declaración complementaria por la que pagó el pasado 29 de enero 200.000 euros por el IRPF, después de haber tributado en un primer momento por el impuesto de Sociedades, no fue para subsanar ninguna irregularidad, y aportó un informe de un despacho de abogados para tratar de demostrar que la tributación por IRPF o por Sociedades dan lugar a un coste tributario muy similar.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que será la Agencia Tributaria el organismo que tendrá que determinar si Monedero «ha cumplido correctamente o no» con sus «obligaciones tributarias». «No le corresponde al Gobierno decidir si es suficiente o insuficiente», dijo Sáenz de Santamaría.
Por su parte, el PP consideró «ridícula» e «infantil» la decisión de Monedero de pedir a la Fiscalía y a la Agencia de Protección de Datos que investiguen un posible delito de revelación de secretos del que responsabiliza al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El portavoz adjunto en el Congreso, Antonio Gallego, dijo que «un evasor fiscal no está en disposición de dar lecciones a nadie» y que lo que tiene que hacer es «aclarar sus chanchullos».
Todos los diarios, con mayor o menor énfasis, coinciden en señalar que Mondero no aportó el contrato ni el informe por el que cobró 425.000 euros de Venezuela.LA RAZÓNhabla de «burla» y dice que «Monedero pierde los papeles». Por su parte,EL MUNDOdestaca que «Monedero siembra más duda sobre sus cobros de Venezuela».EL PAÍSyABCcentran su atención en que el dirigente de Podemos no justificó los ingresos recibidos de Venezuela. Mientras,EL PERIÓDICOyLA VANGUARDIAponen el énfasis en la denuncia de Monedero de una «caza de brujas».
Por otro lado, la directiva del partido socialcristiano venezolano, Copei, formalizó ante la Embajada de España en Caracas una denuncia contra la supuesta financiación ilegal de Podemos -al que el Gobierno de Venezuela habría financiado con once millones de euros-, con el fin de que las autoridades españolas inicien una investigación y tomen las acciones legales correspondientes.
EL PAÍS 1,14/EL MUNDO 1,6,7/ABC 2,20,21/LA VANGUARDIA 18/EL PERIÓDICO 1,24/LA RAZÓN 1,10,11/EL ECONOMISTA 1,59