Mazón forzará al Gobierno a responder en el Parlamento sobre la senda de Mataleñas

El diputado del PRC ha asegurado que el proyecto actualmente paralizado es “ilegal”, dado que incumple las disposiciones contempladas en el Plan de Sendas del Litoral aprobado en 2010.
El diputado y portavoz del PRC en materia de ordenación del territorio, José María Mazón, ha presentado una batería de preguntas para que el Gobierno de Cantabria se pronuncie en el Pleno del Parlamento sobre las obras promovidas por la Dirección General de Costas y el Ayuntamiento de Santander en la senda costera que une Cabo Mayor y la Virgen del Mar.
De este modo, Mazón forzará al Ejecutivo a pronunciarse, ante su negativa a entregar la documentación relativa a dicha obra, que el Grupo Parlamentario Regionalista solicitó oficialmente el pasado 18 de diciembre y que no ha sido atendida dentro de los plazos reglamentarios.
Con las preguntas presentadas ayer en el Registro de la Cámara, se interesa no sólo por las razones por las que el Ejecutivo no ha contestado a su petición de documentación, sino también por la valoración que realiza de la intervención del Ayuntamiento de Santander y la Demarcación de Costas en esta senda y las razones por las que no ha actuado “en defensa de la legalidad vigente, como es su obligación”.
En este sentido, el diputado del PRC ha asegurado que el proyecto actualmente paralizado es “ilegal”, dado que incumple las disposiciones contempladas en el Plan de Sendas del Litoral aprobado en 2010. En consecuencia, cree que la “inacción” del Gobierno puede ser constitutiva de “un delito de prevaricación”. “Al no hacer nada, ni siquiera pronunciarse, están permitiendo una obra ilegal”, ha recalcado.
Mazón ha calificado este proyecto como “una auténtica barbaridad” por el impacto ambiental y visual “brutal” que suponen las empalizadas, barandillas, escalinatas y barreras previstas, elementos contra los que se han movilizado colectivos ecologistas y numerosos ciudadanos.
Además, ha cuestionado que las obras comenzaran con licencia del Ayuntamiento de Santander pese a no contar con el informe “preceptivo y vinculante” de la Consejería de Ordenación del Territorio, como obliga el Plan de Sendas del Litoral.