Mazas dice que es es «absolutamente falsa» la deuda achacada al anterior Gobierno

La portavoz de Economía del PP señala que de la actual deuda, unos 2500 millones, el gobierno de Ignacio Diego generó en torno a 400, que era el límite legal que marca la actual legislación.
Cristina Mazas, portavoz en materia económica del Partido Popular, compareció ante los medios de comunicación con el fin de explicar los motivos por los que la deuda de Cantabria pasó de 1300 a 2500 millones entre 2011 y 2015, y sobre todo, a quien era imputable dicho incremento.Según explicó, el mayor incremento se produjo en el año 2012, tal y como refleja la estadística del Banco de España, en la que se recoge una deuda de 700 millones de euros en ese ejercicio.“Eso se debe al pago de facturas anteriores al 1 de enero de ese año”, señaló, para a continuación recordar que en 2012 Cantabria aprobó una ley por las que se regularizaron «las facturas en el cajón» mediante un crédito extraordinario de 300 millones para pagar facturas de hasta 2008.El segundo de los motivos fue, según explicó, la actualización del sistema europeo de cuentas, unos cambios que han tenido como consecuencia que el Banco de España incluya como deuda de la comunidad autónoma actuaciones que hasta entonces no se consideraban como tal.Todo ello supuso que en el año 2012 se incluyera como deuda la llamada financiación estructurada, por la que se imputaron 200 millones de euros más correspondientes de obras anteriores a ese ejercicio. A ello se añade la deuda de las obras de pago aplazado, fundamentalmente las de la Consejería de Obras Públicas en carreteras que se van abonando en varias anualidades, los descuentos de proveedores y la consolidación de la deuda del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), otros 80 millones de euros más.La portavoz de Economía del PP subrayó que Cantabria no podría haber concertado deuda por importe de 1200 millones de euros, porque la legislación no lo permite. Tal y como recordó, en abril de 2012 se aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, tras la modificación del artículo 135 de la Constitución pactada por el PP y el PSOE ante el riesgo de que España fuese intervenida.Por ello, tal y como subrayó es «absolutamente falso» que el Gobierno anterior haya doblado la deuda de la comunidad autónoma en cuatro años. En todo caso la deuda atribuible al gobierno de Ignacio Diego es de 400 millones, que era lo que el déficit que permitía la ley, y que se fue acumulando durante los cuatro ejercicios del citado gobierno.