Mas asume la responsabilidad política del 9-N y amaga con ignorar una inhabilitación

El presidente catalán en funciones reconoció que fue el «único promotor político» del proceso participativo, pero puntualizó que su «ejecución» quedó en manos de los voluntarios
Mas llegó a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) arropado por cerca de 6.000 personas -según informó la Guardia Urbana barcelonesa-, todos los miembros del Govern, dirigentes de partidos soberanistas y más de 400 alcaldes, en una exhibición de apoyo popular que superó con creces la del martes, cuando declararon la consejera Irene Rigau y la exvicepresidenta Joana Ortega, imputadas por la misma causa.
Igual que el TSJC ese día, la Fiscalía General del Estado, promotora de la querella, emitió ayer un comunicado para protestar por los «ataques» a la independencia de los tribunales que, a su juicio, suponen las manifestaciones de apoyo a los imputados, y advirtió que usará «los medios legales a su disposición» para preservarla.
En su declaración, que duró una hora, Mas se negó a contestar las preguntas del fiscal, tal como hicieron Rigau y Ortega el martes, alegando que la querella es una «imposición» de la Fiscalía General del Estado contraria al criterio de los fiscales del TSJC.
Mas inició su declaración con un discurso político de unos diez minutos en el que se declaró único responsable de la organización del 9-N, que presentó como una consulta que obedecía al «mandato» del Parlament y que era «el hito fundamental de la legislatura».
Sin embargo, después relató que el 4 de noviembre, cuando el TC suspendió el proceso participativo, ya había acabado la actividad de apoyo logístico de la Generalitat a la jornada de votación y su ejecución quedó exclusivamente en manos de voluntarios. Eso sí, «organizados» y «formados» por la Administración.
Mas se mostró perplejo por ser el único encausado, ya que otras autoridades que tenían competencias para impedir la votación no lo hicieron. Y protestó por tener que dar explicaciones en un tribunal. «Debería darlas en el Parlament, porque el 9-N fue una decisión política».
Concluida su declaración ante el juez, el presidente catalán en funciones siguió dando su versión en una comparecencia ante los medios en el Palau de la Generalitat. Allí, atribuyó la querella de la Fiscalía a la «rabia» que le entró al Estado al constatar el «éxito» y el «eco internacional» del proceso participativo. Y aventuró que el TSJC «tendrá que juzgar si comportarse como un demócrata equivale a actuar como un delincuente».
En esa comparecencia, además, el presidente en funciones de la Generalitat abrió la puerta a desacatar una eventual pena de inhabilitación. «Depende del momento en que esté la situación jurídica del país», dijo sin confirmar ni descartar ni una cosa ni la otra. No como había hecho varias horas antes el coordinador general de CDC, Josep Rull, quien advirtió que Cataluña tiene «el derecho y el deber de ignorar» una eventual inhabilitación de Mas.
Rull hizo estas declaraciones durante el homenaje al expresident Lluís Companys en el lugar donde fue fusilado hace 75 años, el Castillo de Montjuïc en Barcelona, donde Mas dio inicio a la jornada.
Desde Bruselas, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le acusó de «amenazar e intimidar» al TSJC, lo que consideró «inaceptable», y le instó a someterse al cumplimiento de la ley.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, criticó que Mas fuera «jaleado» después de haber intentado situar a Cataluña «fuera de la legalidad», pero también reclamó a Rajoy que resuelva un problema político «desde la política». El mismo consejo que le dio el presidente de la CEOE, Juan Rosell, al avisar de que «por la vía judicial va a ser muy difícil» arreglar el problema. El PSC avanzó que «no entendería» que se sancionara penalmente a alguno de los imputados, ya que para salir del «embrollo» hay que «trasladar el escenario de los juzgados a la política».
La Fiscalía General del Estado advirtió ayer de que empleará los «medios legales» a su disposición para preservar su independencia, después de manifestar su «rechazo» a lo que calificó de «nuevos ataques» ocurridos ayer ante el TSJC durante la declaración del presidente catalán. En un comunicado, la Fiscalía considera que estos comportamientos «son todavía más censurables cuando provienen de cargos públicos que tienen un deber reforzado de respetar el sistema democrático de división de poderes».
Tras las afirmaciones de Mas en su declaración, el fiscal defendió que su actuación en la querella es tan «imparcial» como cuando el 9-N se opuso a que se retiraran las urnas de la consulta.
Por otro lado, la vocal del CGPJ Concepción Sáez justificó ayer su rechazo al escrito emitido por este órgano en contra de las manifestaciones frente a los tribunales que juzgan la consulta del 9-N al entender que no puede «intervenir en un contencioso» entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, consideró «inaceptables» «las manifestaciones, las amenazas y las presencias intimidatorias delante de los tribunales de justicia». Desde Bruselas, recordó a Mas que «la Justicia es quien garantiza sus derechos y sus libertades». «La Justicia en España es independiente, resuelve con arreglo a derecho y aplica la ley. Por tanto, amenazar, intentar disminuir a la justicia, intentar que no tome las decisiones como debe tomarlas es algo absolutamente inaceptable», defendió el presidente en declaraciones a su llegada a la cumbre de líderes populares europeos previa al Consejo Europeo. Mas señaló que los tribunales han citado en los últimos tiempos a políticos de otras formaciones y que «Mas no puede ser una excepción».
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo ayer que Mas debe asumir «no sus responsabilidades políticas sino judiciales».
Por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, criticó que se haya «jaleado» a Mas cuando ha tratado de situar a Cataluña «fuera de la legalidad» y pidió a Rajoy que resuelva un problema político «desde la política».
Mientras, elconsellerde Presidencia en funciones, Francesc Homs, afirmó que si los tribunales acabasen inhabilitando a Mas como presidente de la Generalitat «significaría que se ha terminado la democracia». Elconsellerde Economía en funciones, Andreu Mas-Colell, afirmó que la mayor incertidumbre en España la abren las elecciones generales del 20-D y advirtió de que «judicializar» el conflicto catalán con la imputación de Mas encenderá los ánimos en Cataluña.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo ayer, en una entrevista enLa BrújuladeOnda Ceroque el Gobierno no descarta aplicar el artículo 155 de la Constitución que suspendería la autonomía de Cataluña en caso de que continuara el desafío independentista al Estado de derecho. «Si llegase el momento, habría que aplicarlo», defendió el ministro. Catalá habló de esta posibilidad dentro de las «herramientas» de las que dispone el Estado para hacer frente a desafíos como una declaración unilateral de independencia, si bien matizó que existen «otros elementos anteriores» a dicho artículo que «pueden permitir el buen funcionamiento de las instituciones».
Por otro lado, el Senado aprobó ayer definitivamente, con el apoyo en solitario del PP, la reforma para que el Tribunal Constitucional pueda sancionar a los cargos públicos que incumplan sus sentencias.
La imagen de Artur Mas en las escaleras del TSJC mientras era aclamado por los alcaldes, que acudieron para arropar al presidente de la Generalitat en funciones en su declaración, acapara las primeras de todos los diarios.EL PAÍSdestaca en su titular de apertura la disposición de Mas a «incumplir la ley si es inhabilitado por el 9-N». El diario habla de «lasmajorettesdelpresident», y señala que su declaración se convirtió «en un espectáculo político organizado al detalle». De igual modo,LA RAZÓNtitula: «Mas desobedecerá al tribunal si es inhabilitado». Asimismo,EL MUNDOdice que «Mas usa su declaración para redoblar el pulso al Estado». «Yo soy el responsable», titula en su primeraEL PERIÓDICO, en alusión a la declaración de Mas. En este mismo sentido,LA VANGUARDIAdestaca que «Mas se declara ante el juez responsable político del 9-N». Mientras,ABCresalta: «Artur Mas, nervioso ante la Justicia de la que se burla en la calle».
En otro orden de cosas,EL PERIÓDICOapunta que «el Poder Judicial pretende dar un giro conservador al TSJC». Según este diario, el actual presidente, Miguel Ángel Gimeno, quiere renovar, pero el CGPJ busca un relevo.
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