Manos Limpias exige que el Racing regrese al Gobierno de Cantabria y denuncia a Montalvo

Denuncia a Montalvo por la venta de sus acciones por un euro tras no conseguir incluir los cargos en la causa que ya estudia el TSJC. Los delitos que se señalan al Juzgado son alzamiento de bienes y estafa. UNA INFORMACIÓN DE EL MUNDO CANTABRIA
©EL MUNDO CANTABRIA/JESÚS LASTRA SANTANDERLa maraña judicial en que se halla inmerso el Racing de Santander ha dado un nuevo giro de guión con Manos Limpias como protagonista.Después de que el sindicato, que participa como acusación popular en el procedimiento penal que gira en torno a la querella de Cantur, no lograse incluir en esa causa una potencial imputación a Jacobo Montalvo por sendos delitos de estafa y alzamiento de bienes al vender el pasado mes de julio las acciones verdiblancas por un euro al actual Consejo de Administración, ayer mismo interpuso denuncia en el Juzgado de Guardia.
La principal novedad es que la organización exige el retorno de la propiedad del equipo al Gobierno de Cantabria después de que se declaren nulos los diversos acuerdos alcanzados en cuanto al traspaso de la misma desde los contratos rubricados en 2011 con Ali Syed.
La denuncia, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, vuelve igualmente a amenazar la ampliación de capital verdiblanca, a la que Manos Limpias considera nula de pleno derecho pues, según su criterio, Montalvo nunca estuvo facultado para ceder sus títulos al Consejo por el precio simbólico de un euro.
Con todo, el denunciante es consciente de que el litigio que mantenían en el Juzgado de Primera Instancia nº 55 de Madrid el empresario y el magnate indio por el control de la entidad a raíz de los impagos de Syed, que el primero ganó de forma provisional, podría no adquirir carácter firme «nunca», por lo que lejos de embarcar al Racing en un laberinto legal sin salida, sostiene que «las acciones deberán retornar a la empresa pública Cantur, a la que tenían que haber regresado de no ser por las irregularidades de los dos exconsejeros –en referencia a Ángel Agudo (PSOE) y Francisco Javier López Marcano (PRC), que firmaron los contratos en Zúrich y Santander con Ali y Montalvo en 2011– y el resto de partícipes al liberar el derecho de prenda» que la Administración tenía sobre las mismas  «y así tendrá que ser guste o no guste y esta va a ser nuestra postura, por cierto acorde con las instrucciones del Tribunal de Cuentas, que tras detectar numerosísimas irregularidades, como no podía ser de otra forma, ha exhortado al Gobierno de Cantabria a tomar cartas en el asunto en este sentido».
El pasado martes este periódico ya informó de que Fiscalía del Tribunal de Cuentas había requerido al Ejecutivo que se manifestara en cuanto al nombramiento de un instructor para el caso.
DELITOS
El Juzgado de Instrucción de Santander que estuviera de guardia el 31 de julio de 2014, fecha en que se elevó a escritura pública la transacción de los títulos verdiblancos por un euro, tendrá que decidir si acepta las acusaciones del sindicato. En cuanto a la estafaque atribuye al empresario por estos hechos, se basa en que la ya mencionada sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 55 de Madrid no es firme, por lo que Montalvo «no ostenta la titularidad jurídica real de las acciones hasta que aquella no adquiera firmeza », detalle éste que, según la parte denunciante, se ocultó al notario que avaló la transferencia, lo que llevaría a la nulidad de la compraventa.
Respecto al potencial alzamiento de bienes, Manos Limpias abunda en el argumentario que ya trató de incluir en el proceso penal del TSJC. Recuerda que el otrora propietario del Racing vendió su activo a los siete consejeros cuando ya se hallaba en marcha el procedimiento penal que pilota la juez Paz Hidalgo, en el se investigan ilícitos como malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y delito societario.
Además, puntualiza que el traspaso del accionariado por parte de la empresa instrumental Dumviro Ventures por un euro se produjo «apenas quince días después de conocer la elevada cuantificación de daño patrimonial causado a los intereses autonómicos» en el caso Racing. La Coordinadora de Empresas Públicas (CEP) de Cantabria cifró el quebranto que suman entre ella y el Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) en 36,1 millones, a los que hay que añadir los 7,7 que reclama Cantur.El sindicato colige que la venta se llevó a cabo para que el ex dueño quedase liberado de cualquier responsabilidad patrimonial. «Es una operación bajo sospecha », acusa.