Los profesionales de los Servicios Sociales se unen para denunciar la grave crisis del sistema

Unos 80 trabajadores sociales y educadores sociales de toda Cantabria presentan un manifiesto para salvar el sistema público y el bienestar de las personas. La burocracia y la falta de financiación despersonalizan el sistema.
La falta de voluntad política y las contradicciones entre dos leyes amenazan a los servicios sociales en Cantabria y en sus municipios. Se trata de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalidad y sostenibilidad de la Administración Local (que recorta presupuesto y competencias) y Ley de Cantabria 2/2007 de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales (que promete lo que no cumple). Así lo denuncia el colectivo Manifestaos por los Servicios Públicos, compuesto por trabajadores sociales y educadores sociales de toda la comunidad autónoma.Este grupo de empleados públicos considera que, en este momento, “se están poniendo en entredicho las conquistas sociales en materia de protección social y promoción de la ciudadanía”.  Esto ocurre cuando la consultas de servicios sociales han aumentado un 26% entre 2008 y 2013 y cuando las demandas de ayuda para cubrir las necesidades básicas se han disparado. “Los profesionales de lo social nos cuestionamos la forma en la que se está desarrollando el trabajo que llevamos a cabo, y la incidencia que tiene en la gente”.En un manifiesto hecho público hoy, los profesionales denuncian que la Ley 27/2013 significa un recorte de los servicios que pueden prestar los ayuntamientos, con el riesgo de que se dejen de prestar los Servicios sociales en algunos de ellos. Esta ley sólo reconoce a los Municipios con población superior a 20.000 habitantes (sólo 5 de los 102 municipios Cántabros) la competencia de evaluar e informar de situaciones de necesidad social y de proporcionar atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.Además, en Cantabria, y según Manifestaos por los Servicios Sociales, el Plan de Acción para la Inclusión Social 2014-2017 presentado por el gobierno autonómico  es “un brindis al sol, sin recursos ni medidas reales”.En el caso de la Renta Social Básica (RSB), su modelo de gestión en Cantabria está provocando que este derecho a la protección no sea efectivo, ya que las familias que reúnen los requisitos para acceder a la prestación tienen que esperar un mínimo de 6 meses para cobrarla. A lo que hay que sumar la “sobre aplicación” de la que se está ejerciendo en la gestión, lo que hace que sea más fácil perder la ayuda que conseguirla.Los profesionales exigen, entre otras cosas, la anulación de las medidas que se introdujeron en 2012, que están precarizando aún más la situación económica de las familias que se ven obligadas a recurrir a la RSB como último recurso, y que se actualicen las cuantías de las mismas que fueron fijadas en 2010, y que no se las ha aplicado ni tan siquiera la subida del IPC. La cantidad establecida para una persona es de 426 euros, que es sensiblemente inferior al umbral de la pobreza (676 €/mes para una persona, según el INE 2013).Los profesionales de los servicios sociales alertan de que se está acabando con la ley de dependencia, alargando los plazos de resolución y endureciendo la aplicación del baremo para al final ofrecer recursos mínimos. “Una vez más se deja a los más débiles en la cuneta”, insisten.En el manifiesto se advierte también que con la nueva Ley de Racionalidad de la Administración Local y la reducción de la ya precaria financiación perderá su empleo hasta el 45% de los trabajadores (unas 423 personas).
PARA LEER O DESCARGAR DOCUMENTO,PINCHE AQUÍ