Los parados serán contratados por los alcaldes no por el Servicio Cántabro de Empleo.

Las contrataciones se harán a partir de Febrero de 2015, y como mínimo hasta Agosto, abarcando así el período de las elecciones municipales. Esto es jugar y especular con la necesidad del ciudadano, dando poder de cacique al Alcal
La Unión afirmó que Cantabria “vuelve oficialmente al sistema caciquil del siglo XIX”, con el programa para la contratación de personas desempleadas por los Ayuntamientos, para obras, y acusaron al Gobierno Regional de “especular electoralmente con la necesidad”.El sistema ideado por el Gobierno Regional, que va a destinar 28 millones de euros, se caracteriza porque “la selección de los desempleados la hace cada Alcalde, no el Servicio Cántabro de Empleo”, además “no está destinada a las personas que hayan agotado el desempleo, incumpliendo así el programa europeo por el que Cantabria recibe fondos para estas contrataciones”, y además “obliga a que la contratación empiece en Febrero y no acabe al menos hasta Agosto, cubriendo así el período electoral para garantizar votos a los Alcaldes,como los caciques del siglo XIX”.El Presidente de la formación política, Rafael Sebrango, desveló que antes los desempleados a contratar por los Ayuntamientos, con cargo a la subvención del Gobierno de Cantabria “eran seleccionados por el Servicio Cántabro de Empleo”, lo cual “dentro de un sistema inhumano que relegaba a quienes no cobran prestación, frente a los que sí la cobran, al menos era objetivo”.A partir de la nueva Orden, que será de aplicación a las contrataciones del año 2015, “serán los  propios Ayuntamientos quienes decidan a quién se contrata”. Con esta decisión, “el Gobierno pretende dar un gran poder de influencia, caciquil, y generador de clientelismo político a los Alcaldes”, acusan desde La Unión“El poder de elección de los Alcaldes respecto a quién se contrata y a quién no, es absoluto”, denunció Sebrango, ya que, recalcó “no se les impone ningún criterio de selección, sólo que se trate de personas desempleadas”. Además, “se hace coincidir el período de contratación con las elecciones municipales del año que viene”, pues la orden obliga a que las contrataciones empiecen en Febrero de 2015.
“Es obvio lo que el PP pretende”, prosiguió, “que sus Alcaldes tengan en la mano el poder de contratar a militantes, simpatizantes, y votantes conocidos del Alcalde, que mayoritariamente es del PP en Cantabria. Los Alcaldes podrán decidir caprichosamente a quién de su Ayuntamiento se contrata a quién no”, pues aclaró que “el único requisito a cumplir es que la persona está inscrita como desempleada el día antes de ser contratado”.Con este sistema, acusó “Cantabria se coloca oficialmente en el sistema de caciques del Siglo XIX”. Además, parte del dinero destinado a estas contrataciones proviene del Fondo Social Europeo para la cual Cantabria “solicitó dinero para atender a desempleados en riesgo de exclusión social”.Por ello, defienden en La Unión, “deberían tener preferencia los que han agotado toda prestación, después los que estén cobrando la ayuda familiar, y luego los que estén cobrando desempleo”.Asimismo, prosiguió “se les debería imponer el criterio de adecuación de perfil profesional al puesto de trabajo, algo que al menos sí cumpliría el Servicio Cántabro de Empleo”.“Conociendo como conocemos todos a nuestra clase política”, lamentó Sebrango, “la aplastante mayoría de Alcaldes”, indicó “harán como siempre, enchufarán a los afines y desecharán a los que no sean simpáticos para su formación política”.
“Esto es jugar y especular con la necesidad del ciudadano”, recalcó, “esto es dar un poder de cacique al Alcalde para que en período electoral obtenga votos a cambio de contratar al simpatizante. No obstante”, continuaron “instamos al Gobierno Regional a que recapacite, y regule estas contrataciones para garantizar dos principios”.
“Esos dos principios son, que en primer lugar ha de contratarse al más necesitado, y el segundo que se impida la discriminación al gusto de las afinidades políticas y personales de cada Alcalde”.Esto no puede seguir así, finalizó, “hay que garantizar la igualdad, la prevalencia del más necesitado, e impedir la contratación por afinidad, el clientelismo político”.