El Tribunal Constitucional tumba las prácticas empleadas por varios gobiernos regionales, según Expansión, para esquivar sus agujeros presupuestarios mediante sistemas de pago aplazado y financiarse contra proveedores.
©EXPANSIÓN
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha ganado la batalla que le enfrentaba desde hace años a los Gobiernos regionales por las prácticas que han empleado estas Administraciones territoriales para retrasar por ley el pago a sus proveedores. Para lograrlo, la patronal ha tenido que llegar hasta el Tribunal Constitucional que, en una sentencia del pasado 10 de abril (publicada en el BOE del 7 de mayo) declara que las normas autonómicas que permiten los pagos aplazados son inconstitucionales al no tener competencias para dictarlas.
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