La UCC exige anular la apertura comercial impuesta el Ayuntamiento santanderino

La Unión de Consumidores de Cantabria (UCC) exige que se anule la liberalización de los horarios comerciales «impuesta por el Ayuntamiento de Santander» porque, en su opinión, «solo favorece intereses económicos ajenos a la ciudad
En un comunicado, la asociación denuncia que el Ayuntamiento «no puede continuar escudándose en presuntas legalidades que vienen impuestas por el famoso decreto, ni seguir tratando de confundir con encuestas predeterminadas en las que fundamentar el consentimiento del consumidor a la medida».
UCC estima que si se quiere contar con la participación ciudadana que la norma presupone, se ha de consultar a los agentes sociales –agrupaciones comerciales, sindicatos y asociaciones de consumidores– «en lugar de hacernos creer que se toma una decisión favorable a una supuesta posición mayoritaria».
Posición mayoritaria que, a su juicio, no es tal, «pues ni los comerciantes, ni los sindicatos, ni los consumidores la queremos, ni la hemos pedido», argumenta el portavoz de UCC, Francisco Bautista.
Según ha dicho, la decisión tendrá consecuencias negativas y contrarias a los intereses de los usuarios porque «pasa por aniquilar al comercio de proximidad, el exterminio de la competencia en canales cortos de distribución y la suplantación del modelo de ciudad,  característico de nuestro país, por otro distinto y ajeno a nuestras costumbres sociales».
Además, ha afirmado que la distribución de productos quedará en manos «de tres o cuatro empresas que impondrán sus productos y controlarán los precios, a despecho de la libertad de competencia, la libre concurrencia de servicios y la variedad de ofertas y servicios».
Para la Unión de Consumidores, esta polémica medida es el primer paso para la liberalización total, y la rechaza, además de con los citados, con los argumentos de que «a los consumidores nadie les ha preguntado nada» y de que implementará un modelo de ocio y compra, «ajeno a nuestro modo de ser, que no creará empleo de calidad, sino que lo destruirá y que mermará los derechos de los trabajadores al descanso».
«La plusvalía de la concentración de oferta y de la imposición de productos quedará en poder de grandes entidades en lugar de en nuestros barrios, en nuestros vecinos, y en demérito del producto nacional», ha advertido, así como que los consumidores que no se quieran plegar a este panorama –por ejemplo, personas mayores– acabarán haciéndolo por necesidad cuando desaparezcan los canales de distribución de proximidad y no puedan hacer la compra en su barrio.