Los regionalistas, después de cinco años con peticiones ante el pleno, escritos, informes y contrainformes, concluyen que debe ser la “vía judicial” la que resuelva este asunto
El PRC de Colindres ha puesto en conocimiento del Juzgado de Laredo los hechos que vienen denunciando, desde hace cinco años, en relación a la “mutilación” de una Magnolia Singular de propiedad municipal por parte de una constructora, sin autorización, lo que ha provocado su desecación.
Desde el año 2010, en el que se abre el correspondiente expediente administrativo, se han presentado tres informes periciales por parte del Ayuntamiento y otros tres por parte del Grupo Municpal del PRC, haciendo rectificar estos últimos el primero de los presentados por el ayuntamiento y rebatiendo “punto por punto” los otros dos. El primero elaborado por el ayuntamiento tasaba los daños ocasionados en15.841,36€, mientras que el elaborado por el PRC ascendía a244.556,06€, rectificando el ayuntamiento a otro de58.717,69€, encargando un terceroque lo rebajaba a32.640,47€, estos dos últimos cuestionados igualmente por el grupo regionalista con sendos contrainformes periciales.
Desde el 11 de marzo de 2011, en el que el ayuntamiento presenta su segundo informe y, tras numerosas peticiones plenarias, escritos y contrainformes, no consta ningún tipo de acción en el expediente hasta que, tras escrito del PRC de 14 de mayo de 2013, advirtiendo de la comunicación de los hechos al juzgado, se reanuda el mismo tras informe del Técnico de Urbanismo. Nuevamente se paraliza el expediente, desde octubre de 2013 hasta octubre de 2014 y, tras nuevo escrito regionalista, se reanuda con informe de secretaría, no habiéndose resuelto en la actualidad.
Es evidente que en este asunto existen demasiada dudas, dilaciones injustificadas, supuesto trato de favor a empresas constructoras y, lo peor, un perjuicio evidente a los bienes públicos tanto en el momento de la tala como en la no solicitud de responsabilidades. La Administración ha sido arbitraria, no ha funcionado normalmente, por parte del Alcalde no se ha impulsado la actuación de defensa de los intereses públicos, existen claros indicios de intereses económicos interpuestos para frenar la reclamación de responsabilidad, y todo ello al amparo de la “no actuación de la Administración”.
Por todos estos motivos, agotada la “vía política”, en virtud de nuestras obligaciones y responsabilidades como cargos electos, ponemos en conocimiento los hechos para que el Juzgado abra las diligencias oportunas, a efectos de determinar si los mismos pudieran ser constitutivos de delito.
