El fiscal Pedro Horrach ha acudido pasadas las 9.30 horas a los Juzgados de Vía Alemania de Palma, donde ha interpuesto su recurso de apelación, que será elevado al tribunal de la Sección Segunda de cara a su resolución.
La Fiscalía Anticorrupción harecurridoante la Audiencia Provincial de Balearesel auto por el que el juez José Castropuso este miércoles fin a las pesquisas del caso Nóos yacordó mantener la imputación de la Infanta Cristina, y lo ha hecho a través de un escrito de 63 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que recrimina al magistrado haber llevado a cabouna instrucción «a la carta» y haber practicado investigaciones «contradictorias»en torno a la hermana del Rey Felipe VI «a modo de encaje de bolillos».
El fiscalPedro Horrachha acudido pasadas las 9.30 horas a losJuzgados de Vía Alemania de Palma, donde ha interpuesto su recurso de apelación, que será elevado al tribunal de la Sección Segunda de cara a su resolución. En concreto,Castro ha dado tres días a las partes para que puedan recurriren reforma -ante el propio Juzgado- la resolución judicial, y cinco días para que puedan hacerlo directamente ante la Audiencia.
En un duro recurso,Horrach critica que el titular del Juzgadode Instrucción número 3 haya hechosobre la Infanta «un juicio de valor basado en meras conjeturas: Doña Cristina de Borbón es culpable, no se sabe bien de qué, para a continuación emprender una intensa prospección para ver si se la pilla en un renuncio».
«Cuando el puerto dedestino está determinado antes de iniciar la investigación, basado en meras conjeturas, contamina de tal forma la marcha exploratoria que la convierte en un itinerario inamovible, en el cual los parámetros de imparcialidad, objetividad y congruencia que deben presidir cualquier actuación judicial quedan relegados», subraya tajante el fiscal, contraponiendo estos aspectos a una instrucción «presidida por un credo y no por la sana guía de la duda».
En esta misma línea, el representante del Ministerio Públicoacusa a Castro de verter «insinuaciones» que considera «un claro exponente de deriva judicial, consecuencia de interferencias mediáticas que elevan a la categoría de dogma la parodia de funcionarios sometidos al poder gubernamental. Y ello porque, ironiza,»la realidad ‘no vende’y la adopción de decisiones fruto del simple ejercicio profesional, sin el aditamento de intrigas o maquinaciones ficticias, resulta anodino a efectos comerciales».
IMPUTACIÓN
Cristina de Borbón sigue imputada por blanqueo de capitalesy pordos delitos fiscalescometidos por su maridoIñaki Urdangarin, a través de la sociedad compartidaAizoon. El auto de cierre de la instrucción del’caso Noos’, ha dado a conocer esta mañana por el juez de Instrucción 3 de Palma,José Castro, considera que la hermana delrey Felipe VIempleó dinero de la sociedad para gastos particulares sin relación alguna con la actividad de la mercantil, nutrida de fondos procedentes de grandes empresas y de contratos irregulares delInstituto Nóos, liderado por su marido, con administraciones públicas, principalmente de Baleares y Valencia durante los mandatos deJaume MatasyFrancisco Camps.
Los duques de Palma nunca repartieron beneficios, pero si adquirieron con cargo a la empresa propiedades inmobiliarias, reformaron y decoraron elpalacete de Pedralbes, celebraron fiestas familiares, viajaron y pagaron las nóminas del personal doméstico. Para el magistrado, sin el advenimiento de Cristina de Borbón para crear Aizoon, su marido tampoco habría podido cometer delitos fiscales en el 2007 y el 2008, cuando tributó a través de la sociedad rentas del trabajo por sus asesorías a grandes firmas, aminorando en 337.000 euros el pago al fisco. El pase a procedimiento abreviado del magistrado supone un punto y seguido, ya que será la Audiencia Provincial de Palma la instancia que al resolver los recursos decidirá quién se sentará en el banquillo del ‘caso Nóos’. La decisión no se tomará antes del verano.
El juez Castro llegó a los juzgados a las 07.20 horas y se ha ido a las 08.30 horas, cuando ha pasado el auto a las partes, que lo han recibido telemáticamente. Una hora más tarde se ha dado a conocer la imputación de la infanta. Pero a su salida, el juez no quiso desvelar entonces la incógnita y simplemente dijo a los periodistas que estaban allí reunidos: «Se cierra un ciclo». Sobre el recurso de la Fiscalía ha dicho: «Está en su derecho». «Han sido casi cuatro años de trabajo, pero todavía no se ha acabado. Ahora quedan recursos. Y queda trabajo», ha remachado.
El juez Castro ha sacado del auto final del caso, de 167 folios, bastantes menos que el auto anterior, al secretario personal de las infantas Cristina y Elena,Carlos García Revenga, y al vicealcalde de Valencia, Alfronso Grau, entre otros.
La investigación de Nóos se inició como pieza separada número 25 de lamacrocausa del Palma Arena, un velódromo ciclista construido durante el Govern de Jaume Matas cuyo coste se disparó de 48 a 110 millones de euros sin un solo contrato. Estirando del hilo, Castro se topó con jugosos contratos suscritos entre la Administración balear y el Instituto Nóos a dedo. La misma fórmula que antes se había iniciado en Valencia, bajo el mandato de Francisco Camps.
De las arcas públicas de ambas comunidades salieron más de seis millones de euros hacia la fundación altruista que hasta marzo del 2007 presidió Urdangarin, a quien sucedió su exsocio,Diego Torres, cuando saltó el escándalo por la denuncia del diputado socialista Antonio Diéguez en el Parlamento balear. Para entonces habían organizado tres ediciones delValencia Summit, dosForum Illes Balears, unos juegos europeos fallidos y participado del patrocinio del equipo ciclista Illes Balears. Urdangarin y Torres disponían de una entramado de sociedades mercantiles, como Aizoon, a las que desviaban la mayor parte de esos caudales mediante facturas ficticias o hinchadas. Se repartían los beneficios al 50%, según la investigación, que también ha detectado cruces de facturas y empleados ficticios para deducir más gastos y pagar menos impuestos.
El negocio siguió funcionando después con la Fundación Cultura, Deporte e Integración Social, que llegó a operar en paraísos fiscales. Sus defensas defienden la legalidad de los contratos suscritos y la veracidad de los conceptos facturados, aunque no han actuado al unísono, más bien todo lo contrario. Torres ha llegado a dejar sobre la mesa de Castro correos electrónicos con referencias a mediaciones del Rey Juan Carlos en los negocios de su yerno.
A LA ESPERA DE LA DECISIÓN
A primera hora de la mañana de este miércoles se espera que eljuez José Castrocomunique a las partes del ‘caso Nóos’ el auto de cierre de la instrucción y se prevé quemantendrá la imputación de Cristina de Borbónporblanqueo de capitales y cooperación en delitos fiscales de su marido, Iñaki Urdangarin, a través de la sociedad compartidaAizoon. De confirmase, también se da por hecho que laFiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, que representa a Hacienda,recurrirán el auto, al considerar que solo Urdangarin es el responsable de los manejos de la sociedad.
Los duques de Palma nunca repartieron beneficios, pero si adquirieron con cargo a la empresa propiedades inmobiliarias, reformaron y decoraron elpalacete de Pedralbes, celebraron fiestas familiares, viajaron y pagaron las nóminas del personal doméstico. Para el magistrado, sin el advenimiento de Cristina de Borbón para crear Aizoon, su marido tampoco habría podido cometer delitos fiscales en el 2007 y el 2008, cuando tributó a través de la sociedad rentas del trabajo por sus asesorías a grandes firmas, aminorando en 337.000 euros el pago al fisco. El pase a procedimiento abreviado del magistrado será pues un punto y seguido, ya que será la Audiencia Provincial de Palma la instancia que decidirá, seguramente ya pasado el verano, quién se sentará en el banquillo del ‘caso Nóos’ al resolver los recursos del ministerio Público, de la Abogacía del Estado y de las defensas.
La investigación se ha prolongado más de tres años y cuenta ahora mismo con32 imputados, que podrían quedar en torno a la veintena en el auto final. La investigación se inició como pieza separada número 25 de la ‘macrocausa del Palma Arena’, un velódromo ciclista construido durante elGovern de Jaume Matascuyo coste se disparó de 48 a 110 millones de euros sin un solo contrato.
Estirando del hilo, Castro se topó con jugosos contratos suscritos entre la Administración balear y el Instituto Nóos a dedo. La misma fórmula que antes se había iniciado en Valencia, bajo el mandato de Francisco Camps. De las arcas públicas de ambas comunidades salieron más de seis millones de euros hacia la fundación altruista que hasta marzo del 2007 presidió Urdangarin, a quien sucedió su exsocio,Diego Torres, cuando saltó el escándalo por la denuncia del diputado socialista Antonio Diéguez en el Parlamento balear.
Urdangarin y Torres disponían de una entramado de sociedades mercantiles, como Aizoon, a las que desviaban la mayor parte de esos caudales mediante facturas ficticias o hinchadas. Se repartían los beneficios al 50%, según la investigación, que también ha detectado cruces de facturas y empleados ficticios para deducir más gastos y pagar menos impuestos.
El negocio siguió funcionando después con la Fundación Cultura, Deporte e Integración Social, que llegó a operar en paraísos fiscales. Sus defensas defienden la legalidad de los contratos suscritos y la veracidad de los conceptos facturados, aunque no han actuado al unísono, más bien todo lo contrario.Torres ha dejado sobre la mesa de Castro correoscon referencias a mediaciones del rey Juan Carlos en los negocios de su yerno.
Además de Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin, se da por hecho que el magistrado incluirá en la lista al exsocio Diego Torres, al expresidente balear, Jaume Matas, y a varios altos cargos valencianos, pero no a Francisco Camps ni a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberà, al haberlo rechazado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que devolvió la causa a Castro.
Está por ver qué pasa con otros altos cargos de la Casa Real, como el secretario de las infantas,Carlos García Revenga.
