La elección como alcalde del más votado, favorecería al PP y dañaría al PRC

De aplicarse la reforma electoral el PP sería hoy el más beneficiado: perdería 5 alcaldes, pero ganaría 11. El PRC sería el más perjudicado, al perder seis alcaldías y ganar solo tres. Torrelavega y Reinosa volverían al PP
©EL MUNDO CANTABRIA/ROSA M. ECHEVARRÍA / SantanderLo que ocurra en las elecciones municipales de mayo de 2015 aún está por ver. Pero, haciendo cábalas, se puede analizar qué ocurriría en el escenario político actual de los 102 municipios de Cantabria, de entrar hoy mismo en vigor la propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral planteada por Mariano Rajoy para que asuma la vara de mando el alcalde de la lista más votada.
En la región, tal circunstancia daría un vuelco al color de 17 municipios; entre ellos, algunos de tanta relevancia y peso específico como son Torrelavega y Reinosa, por lo que pugnan cada cuatro años los principales partidos. Y otros tan señeros y de referencia para la región como Vega de Pas.
La reforma beneficiaría, claramente, al Partido Popular, que perdería las cinco alcaldías que ocupa actualmente gracias a pactos de gobierno, bien sean expresos o tácitos (Ampuero, Molledo, Ruiloba, Vega de Pas y Villaescusa); pero que ganaría 11: Anievas, Arenas de Iguña, Bárcena de Cicero, Liérganes, Limpias, Mazcuerras, Miera, Rasines, Reinosa, Santiurde de Toranzo y Torrelavega. Las cuentas son claramente favorables. En el otro lado de la balanza, el PRC. Los regionalistas serían los más perjudicados de entrar en vigor dicha reforma, ya que perderían la dirección de seis municipios (Anievas, Arenas de Iguña, Bárcena de Cicero, Miera, Reinosa y Santiurde de Toranzo), y tan solo ganarían tres: Las Rozas de Valdearroyo, Ruiloba y Vega de Pas. Para el Partido Socialista, el más tocado en las últimas elecciones municipales en las que el descalabro fue total, esta fórmula electoral también perjudica más que beneficia.
De las 10 alcaldías que ocupa a fecha de hoy en la comunidad autónoma, perdería exactamente el 50%: Liérganes, Limpias, Rasines, Mazcuerras y Torrelavega (a estas dos últimas ha accedido en el ecuador de la legislatura, en virtud de sendas mociones de censura y pactos de gobierno). Y ganaría tres: Ampuero, Molledo y Villaescusa. Lo cierto es que la decisión de Mariano Rajoy de tirar para adelante con esta reforma –a pesar de toparse en sus primeros pasos con la oposición de la oposición– ha abierto un profundo debate en los partidos políticos, al considerarse que supone dar un vuelco, para bien o para mal, a una de las claves del sistema político español: los pactos de gobierno. Y es que la previsión que maneja el PP nacional acelera los plazos para la entrada en vigor de la medida. Rajoy pretende enviar la reforma de la ley a la Cámara Baja el próximo mes de octubre, con tiempo suficiente para su aprobación y aplicación en los comicios municipales de mayo de 2015.
PartidariosEn Cantabria la propuesta ha sido valorada de forma desigual. En las filas del PP, y en nombre de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el también alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, ha apostado por arbitrar las medidas necesarias para que los ayuntamientos sean gobernados por la lista más votada ya que, en su opinión, eso «respondería con más fidelidad a la voluntad ciudadana, reflejada en las urnas».Mucho más gráfico se expresó ayer el vicesecretario de Estudios y Programas del PP de Cantabria y alcalde de Arnuero, José Manuel Igual, para quien «en las urnas, como en el deporte, al tercero no deberían darle la medalla de oro».
En su opinión, la elección de los alcaldes en los despachos mediante pactos de gobierno –como posibilita el sistema actual– aleja a los ciudadanos de la política, al observar que quienes pierden en las urnas desbancan de la Alcaldía a quien ha ganado, tras «negociaciones internas que nadie conoce».
Por ello, el dirigente popular instó al resto de fuerzas políticas a no negarse al «diálogo sereno, serio e informado» que, a su juicio, plantea el PP sobre la reforma electoral para permitir que el cabeza de la lista más votada en las elecciones locales sea elegido alcalde, algo que «aumentaría la confianza en el sistema democrático al garantizar el respeto a la voluntad mayoritaria reflejada en las urnas», dijo.Desde las filas del PSC-PSOE han llovido las críticas, anunciándose una «ofensiva» contra esta reforma electoral promovida por el PP para garantizar la elección directa de alcaldes; los socialistas pedirán el apoyo de otros grupos políticos con el fin de conformar un «frente de oposición» contra lo que consideran «una cacicada disfrazada».
DetractoresPor su parte, el PRC ya ha avanzado que sus alcaldes y concejales rechazarán todas las mociones que presenten los populares para impulsar la designación de alcalde al representante de la lista más votada por considerar que se trata de una iniciativa «inoportuna, por la cercanía de un proceso electoral, partidista, poco elaborada, de dudosa eficacia y, sobre todo, planteada de forma tramposa como una medida de regeneración política, cuando es simplemente electoralista».
Además, según el PRC, se trata de una medida realizada «sin consenso», con la que el PP pretende «lavar su imagen» y «desviar la atención» sobre otros temas  fundamentales de «regeneración política » como son «la prevención de la corrupción en el ejercicio público o el transfuguismo ».Quienes también han alzado la voz en contra de la medida son las nuevas formaciones políticas que han irrumpido en fuerza en el escenario político nacional, con Podemos a la cabeza, por considerar que se trata de una estrategia del PP para asegurarse sillones.
Aunque la elección directa de alcaldes está contemplada en la Constitución Española, y aunque desde el PP se asegura que su entrada en vigor mejoraría la representatividad del regidor para con sus electores, garantizaría la estabilidad y la gobernabilidad de los ayuntamientos, lo cierto es que algunas experiencias de gobiernos en minorías de las formaciones políticas más votadas no han tenidosiempre un final feliz.
Sin fórmulas magistrales
Y es que de no lograrse el deseado y suficiente número de concejales que asegure una legislatura de gobierno tranquilo que permita sacar adelante los distintos asuntos, las consecuencias pueden ser dos: la parálisis del ayuntamiento o la moción de censura. De esto último saben mucho en dos municipios cántabros que, esta legislatura, han vivido sendos episodio. La primera moción se presentó en Mazcuerras; la unión de PSOE y PRC permitió desbancar al partido más votado, el PP. Pero sin duda la más sonada fue la presentada en Torrelavega, también por socialistas y regionalistas, para desalojar al PP de la Alcaldía; un proceso rodeado de un escenario político, social y laboral muy complicado que hoy, ocho meses después de la moción de censura, sigue igual.
Otro ejemplo.
En Ruiloba, el acuerdo tácito del PP con el único concejal del PSOE –que favoreció la investidura de Gabriel Bueno como alcalde–, deja a éste con la permanente espada de Damocles sobre su cabeza al tener enfrente a una oposición mayoritaria.
Pero si un gobierno de la lista más votada no es la panacea, los pactos no son, tampoco, la fórmula magistral en política. En Anievas, el acuerdo entre PRC y PSOE empezó a hacer aguas en el primer tramo de legislatura, rompiéndose al año y dejando a los regionalistas en minoría. Lo mismo ha ocurrido en Vega de Pas, donde el forzado y antinatura acuerdo entre populares y socialistas para desalojar al PRC terminó el pasado mes de enero.En Molledo, PP y PRC también han tenido sus tiras y aflojas, que al final han sabido capear para tratar de completar la legislatura.