La Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Laredo, estableció el pasado mes de julio, puntos de verificación fiscal en Ambrosero y entrada a Santoña.
05 de Agosto de 2021.- La Guardia Civil de Cantabria, dentro de los servicios que realiza como resguardo fiscal del Estado, ha intervenido más de 2.600 artículos (zapatillas deportivas, calcetines y equipaciones de fútbol), formulando cuatro denuncias por presuntas infracción a la ley de contrabando.
Estas mercancías, de procedencia no Comunitaria (China y Tailandia), carecían de la preceptiva documentación aduanera que justificará su legal procedencia y entrada en la Comunidad Europea, careciendo igualmente de etiquetado de importación legal.
La Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Laredo, estableció el pasado mes de julio, puntos de verificación fiscal en Ambrosero y entrada a Santoña.
Como resultado de esta actuación interceptaron a cuatro furgonetas, que transportaban gran cantidad de mercancía, que tras una primera inspección, parecían falsificaciones de primeras marcas comerciales, no pudiendo aportar la documentación aduanera para la circulación de este material
Finalmente se intervinieron casi 1.300 pares de zapatillas deportivas, 1.080 calcetines y cerca de 300 equipaciones de fútbol, figurando en los productos marcas o logos de reconocidas marcas de prestigio, presuntamente falsificados.
Finalmente, tras analizar lo intervenido, los guardias civiles confeccionan a las cuatro personas que transportaban estas mercancías (dos naturales de España y otros dos de Senegal), actas-denuncias por presuntas infracciones a la Ley de Contrabando.
Las denuncias son remitidas a la Administración de Aduanas de Cantabria, quedando el material intervenido en depósito a su disposición.
En el pasado mes de Julio, y como ya se informó, la Guardia Civil de Cantabria en servicios en los mercados semanales de Cartes y Colindres, intervinieron casi 2.000 artículos de vestir supuestamente falsificados que estaban expuestos para su venta, calculándose un perjuicio económico para las marcas que superaría los 77.000 euros.
En esas actuaciones se procedió a instruir diligencia en calidad de investigados a cuatro hombres y una mujer, como presuntos autores de delitos contra la propiedad industrial.
