Informes jurídicos cuestionan el comercio libre en zonas turísticas como Santander

EN ASTURIAS -cuyo Gobierno estudia recurrir ante el Constitucional- se han unido comerciantes y representantes políticos en su crítica al RD del Gobierno central que avala la libertad de horarios.
Varios informes, el último de los servicios jurídicos del Principado de Asturias estima que el real decreto ley que obliga a incluir a Gijón y Oviedo entre los municipios con zonas de gran afluencia turística, obligando a liberalizar los horarios comerciales, invade las competencias autonómicas en materia de comercio, según informa hoyLa Nueva España de Oviedo.
Este informe avala la pretensión del gobierno regional de recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto. Antes de dar ese paso, el Ejecutivo que preside Javier Fernández solicitará un segundo informe, al Consejo Consultivo del Principado, que será determinante para decidir si se plantea el recurso, según indicó ayer el director general de Comercio del Principado, Julio González Zapico.
La normativa sobre zonas de gran afluencia turística obliga a los 24 municipios afectados en España a delimitar una zona de la ciudad y un plazo temporal de libertad de horarios comerciales, por su interés para el turismo. En el caso de que no lo hayan hecho a principios de diciembre, la liberalización afectará a toda la ciudad y a todo el año.
La situación se está afrontando de distinta manera por los comerciantes de Oviedo y Gijón. Los de Oviedo pactaron con el Ayuntamiento restringir esa libertad de horarios en torno al Fontán y a unas fechas determinadas. En Gijón también estudian con el Ayuntamiento cómo limitar la zona de gran afluencia turística, pero a la vez instan al Principado a recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional.
El problema es que aunque se restrinja mucho la liberalización en espacio y tiempo, esa medida no garantiza que al final no afecte al conjunto de la ciudad y todo el año. Las grandes superficies con presencia en el centro de la ciudad pueden recurrir la limitación si se les excluye de la misma y si ganan en los tribunales, la liberalización afectaría automáticamente a toda la ciudad y durante todo el año. Para evitar esto, la alternativa es contar con la patronal de grandes superficies en la negociación y ésta tiene intereses contrapuestos a los del pequeño comercio.
Estta posbilidad explica que el presidente de la Unión de Comerciantes de Gijón y Carreño, David Argüelles, instara ayer al Gobierno regional a recurrir la ley. Argüelles señaló durante el Día del Comercio en la Feria que están en contra de la medida del gobierno central porque usa los mismos criterios «para Gijón que para Málaga, para Oviedo que para Barcelona». Añadió que los comercios con menos de 300 metros cuadrados ya tienen plena libertad para la apertura de sus tiendas y que nadie mejor que ellos conoce a su clientela y cómo atenderla. También consideró que la medida del Gobierno es un «absurdo económico», obligando a abrir en todos los barrios, cuando el turismo se concentra en el centro urbano.
El decreto del Gobierno unió en las críticas a comerciantes, al representante del Principado y a los representantes municipales de los ayuntamientos de Gijón y Carreño.
Entre el público que seguía el acto, en primera fila, escuchaba las intervenciones la presidenta del PP de Gijón y diputada nacional Ángeles Fernández-Ahúja, quien al finalizar el mismo indicó que la nueva norma trata de promover la «conjunción de intereses de comerciantes y consumidores», que la norma está en trámite de presentación de enmiendas hasta el 19 de agosto y que la misma permite delimitar espacios y tiempo en que sea aplicable.