Gorostiaga pide explicaciones sobre Valdecilla porque están en juego 900 millones

La diputada socialista afirma que se esté llevando a cabo sin control alguno, incumpliendo las condiciones pactadas y firmadas por Ferrovial, la empresa adjudicataria, y el Gobierno de Cantabria.
Lola Gorostiaga, considera una “cobardía política sin precedentes” que ni el presidente Diego ni la consejera de Sanidad comparezcan para explicar un hecho de tan extrema gravedad como que el mayor contrato público-privado de la historia de Cantabria, el de Valdecilla, en el que están en juego 900 millones de euros de dinero público, se esté llevando a cabo sin control alguno, incumpliendo las condiciones pactadas y firmadas por Ferrovial, la empresa adjudicataria, y el Gobierno de Cantabria.
Gorostiaga rechaza que las explicaciones se dejen en manos “de alguien que presume de técnico y niega ser un político”, por lo que ha exigido que sea el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, o en su defecto la vicepresidenta y consejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, los que “salgan públicamente a dar la cara y aclarar que es lo que está pasando en el Hospital Valdecilla, porque está en juego el futuro de la sanidad pública de Cantabria”.
Gorostiaga considera que en el comunicado del director gerente de Valdecilla, el doctor Pascual, conocido ayer, se “reconoce implícitamente” que se está incumpliendo lo establecido en el contrato, que fija revisiones y penalizaciones en su desarrollo. “¿Quién está certificando si la privatización de la gestión de un total de 40 servicios de Valdecilla se está llevando a cabo en los términos establecidos en el contrato público-privado?”, se pregunta la diputada socialista. En su opinión, este hecho avala la petición del PSOE, realizada ayer, para que se suspenda la ejecución del contrato hasta que se pongan en marcha los mecanismos de control externo previstos.
Gorostiaga también se muestra sorprendida ante la afirmación realizada por el director-gerente de Valdecilla de que son los técnicos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) los que llevan a cabo el control de la obra en las mismas condiciones que lo habría hecho la oficina de seguimiento que pretendía contratarse con el concurso ahora anulado. “Es totalmente contradictorio”, recuerda la diputada socialista, “con la justificación que se dio para convocar el concurso: la falta de personal y medios técnicos para vigilar el cumplimiento del contrato. Para Gorostiaga “o se mintió al justificar el concurso o se miente ahora y el control no existe”.
En opinión de Gorostiaga son demasiadas “mentiras y ocultamientos” y recuerda que “no es cierto, como afirma Pascual, que el contrato de control no haya sido adjudicado a tiempo por la impugnación de una de las empresas que quedó eliminada. La convocatoria fue aplazada por dos veces debido a errores cometidos en la redacción de los pliegos de condiciones, por lo que cuando, finalmente, se convocó el retraso sobre el inicio de la ejecución del contrato era ya de tres meses”
Gorostiaga sospecha que los repetidos “errores”, así como la impugnación por una empresa cuya identidad y motivos se desconocen, son “demasiadas casualidades”. Para la diputada socialista hay una evidente falta de diligencia por parte de la administración para adjudicar el contrato de la oficina de control y seguimiento. “No quisiera pensar que lo que estaban buscando era, precisamente, que no existiera control alguno en la etapa más crítica del proceso de privatización de los nuevos servicios”.
Para Gorostiaga son nuevas sospechas que se suman a la política de ocultamientos que el Gobierno Diego mantiene con respecto a Valdecilla y recuerda que a pesar de lo afirmado por la consejera ante el Pleno del Parlamento “seguimos sin conocer los términos del contrato que han firmado para finalizar las obras de Valdecilla, ni hemos tenido acceso a la documentación sobre el contrato de colaboración público-privado para una actuación global e integrada del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, que han firmado con las empresas concesionarias y tampoco conocemos los términos del Convenio con el Gobierno Central para la financiación de las obras”, concluyó.