El TSJC insta a ejecutar la demolición de Santa Marina

La Justicia da un mes de plazo al Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera y al Gobierno de Cantabria para que presenten los planes de derribo de la urbanización y se lleve a cabo la sentencia
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, mediante su Sala de lo Contencioso-Administrativo, ha determinado reabrir el proceso para la ejecución de la sentencia de derribo de la urbanización Santa Marina, que estaba paralizada por la Ley regional de Autorizaciones Provisionales.
Dicha ley del anterior Gobierno de Cantabria pretendía paralizar la ejecución de las sentencias concediendo una suerte de autorización provisional bajo el compromiso político de no derribar nada antes de que los afectados cobraran la indemnización y legalizar aquello que fuera legalizable en cada ayuntamiento afectado.
El Tribunal Constitucional, planteada cuestión por diversos juzgados que tramitaban asuntos relacionados, declaró inconstitucional el polémico artículo 65.bis.1, el que precisamente establecía el mecanismo que paralizaba las ejecuciones de derribos.
Declarada la inconstitucionalidad se retoman las ejecuciones como en el caso de la inmobiliaria Santa Marina. La Sala de lo Contencioso,en un auto fechado el pasado día 3, da un plazo de un mes al Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera y al Gobierno de Cantabria para que le informen de la forma y calendario de ejecuciónque tengan previstos. Dicho pronunciamiento judicial ha sido espoleado también a instancia de parte, ya que una de las partes personadas en el procedimiento solicitó a la Sala medidas de ejecución de sentencia, con carácter previo a la declaración de inconstitucionalidad, cosa que fue reiterada en enero tras el fallo del Constitucional.
La ejecución de la sentencia conllevará el hipotético pago por parte de las administraciones de indemnización sustanciosas por los daños y perjuicios ocasionados.Los interesados en la ejecución dicen que la indemnización sumiría a Cantabria pagos de deudas, al tiempo que daña su imagen por la «inseguridad jurídica» que genera.