El TC suspende el euro por receta, la tasa judicial y el impuesto sobre depósitos bancarios de Cataluña

Supone la suspensión cautelar de estas medidas durante, al menos, cinco meses, que es el plazo máximo que tiene el Alto Tribunal para confirmar o levantar la suspensión.
El Alto Tribunal acepta a trámite los recursos del Gobierno, y tiene cinco meses para levantar o confirmar la suspensión, cuya aplicación es de carácter inmediato. La Generalidad critica las impugnaciones realizadas por el Gobierno por considerarlas “malintencionadas” y “abusivas”, pero responde con otro recurso contra el decreto de racionalización del gasto en educación.
La tasa del euro por receta fue aprobada en marzo pasado por el Ejecutivo autonómico y entró en vigor el 23 de junio. El Gobierno anunció la interposición del recurso el pasado 14 de diciembre, tras una negociación infructuosa para llegar a un acuerdo con la Generalidad, en base a un informe del Consejo de Estado emitido en noviembre que señalaba que la fijación de los precios de los medicamentos escompetencia exclusiva del Estado, y que la tasa autonómica en cuestión rompíael principio de igualdad a nivel nacional.
“De acuerdo con el informe del Consejo de Estado, se establecen tasas que afectan a supuestos regulados por una ley estatal y, en el caso de las tasas judiciales, con carácter general, queno pueden gravarse dos veces“, señaló entonces la portavoz y vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (PP).
Desde su entrada en vigor hasta final de año, la Generalidad ha recaudado45,7 millones de euros, unos 7,6 millones de euros mensuales. Según la Consejería de Salud, de momento, el dinero recaudado no se devolverá a los ciudadanos que lo abonaron al comprar medicamentos hasta que la decisión del Alto Tribunal sea firme.
El euro por receta de la Comunidad de Madrid, la siguiente
El viernes pasado, el Consejo de Ministros anunció que también recurriría ante el TC una tasa similar a la de la Generalidadaprobada a finales de diciembrepor el Gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid.
En este caso, el PSOE también presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la medida adoptada por el Ejecutivo autonómico,cosa que no hizo contra el de la Generalidad, a pesar de tratarse de medidas idénticas. “No presentamos el recurso contra el euro por receta en Cataluña porque nos quedamos fuera de plazo”, justificaron desde el partido. Izquierda Unida pidió al Defensor del Pueblo que recurriera la tasa.
El impuesto sobre depósitos bancarios, una argucia de la Generalidad
El impuesto de la Generalidad sobre depósitos bancarios se aprobó ‘con carácter excpecional y urgente’ el pasado 18 de diciembre, aunque su aplicación tenía carácter retroactivo desde el 30 de noviembre. La intención del Ejecutivo autonómico era la de tratar de reclamar al Gobierno una compensación económica, habida cuenta de que este había anunciado la creación deun impuesto nacional sobre depósitos bancarioscon un tipo del 0%, para evitar que cada Comunidad Autónoma regulase esta figura tributaria, como venían haciendo los gobiernos autonómicos de Andalucía, Canarias y Asturias.
La caída de ingresos que supondrá la suspensión de los correspondientes impuestos autonómicos conllevaráuna compensación económicapor parte del Gobierno a aquellas CCAA que lo aplicaban, y la Generalidad pretendía, mediante una argucia legal, incluirse entre ellas en el último momento.
La tasa judicial supone una doble imposición
Por otra parte, el Gobierno defendió la impugnación de la tasa judicial de la Generalidad porque “coincide con lo que ya está previsto desde hace tiempo en el ámbito de la normativa estatal, a través de una tasa de la potestad jurisdicional”, y “las CCAA no pueden establecer tributos propios que recaigan sobre hechos imponiblesya gravadoscon tributos estatales”.
La tasa por la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la administración de justicia figura en el artículo 16 de la ley autonómica 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos. Este artículochoca con la normativa nacionalrespecto a la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, recogido en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
“Un día dirán que está prohibido respirar en catalán por ser inconstitucional”
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Generalidad, Francesc Homs, ha lamentado la decisión del TC y ha anunciado quepresentarán alegaciones, aunque ha reconocido que la suspensión cautelar ordenada por el Alto Tribunal es de aplicación “inmediata”.
Homs ha defendido la tasa por su carácter disuasorio, lo que, según cálculos del propio Ejecutivo autonómico, ha supuestoun ahorro de cerca del 20%en “el gasto asociado a la emisión de recetas”.
Para el dirigente nacionalista, el recurso del Gobierno es “incomprensible”. “¿Cómo explicarán en Europa, esta gente del Gobierno español, que no hacen ni dejan hacer? Porque, al final, este es el resultado de esta medida. […] Hayun uso malintencionadode la idea de lo que es constitucional y de lo que no lo es, e incluso abusivo, por parte del Gobierno. Rayando el ridículo. Un día se descolgarán diciendo que está prohibido respirar en catalán porque es inconstitucional. […] Según el Gobierno español, no hay nada que hacemos en Cataluña que sea constitucional”, ha señalado.
La Generalidad recurre el decreto de racionalización del gasto en educación
En la misma rueda de prensa, Homs ha anunciado que la Generalidad presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, por considerar queinvade competencias autonómicas.
El Ejecutivo autonómico basa su argumentación en un dictamen no vinculante emitido en junio pasado por elConsejo de Garantías Estatutariasque considera que determinados artículos del Real Decreto-ley contravienen la Constitución y el Estatuto. En concreto, los aspectos relacionados con la determinación de la jornada lectiva del personal docente; el plazo para la sustitución transitoria del profesorado; los requisitos de creación y mantenimiento de centros y estructuras universitarias; la cooperación entre universidades; el régimen de dedicación del personal docente investigador; y la financiación de becas y ayudas.