El reto de Fernández: «si se llega a hacer fracking en Cantabria, presento mi dimisión»

El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo durante su comparecencia en rueda de prensa, reitera el compromiso del Gobierno de Cantabria en contra del fracking ante el acuerdo de rechazar la Ley cántabra
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) acordó en una reunión celebrada ayer declarar insconstitucional la ley aprobada por el Parlamento de Cantabria en la que se prohíbe la fractura hidráulica, o ‘fracking’, en la explotación de recursos no convencionales de gas, indicaron a Europa Press en fuentes del propio tribunal.
Esa decisión se adopta pocos meses después de que el Constitucional admitiera a trámite un recurso del Gobierno contra esta ley autonómica, la Ley de Cantabria 1/2013, de 15 de abril, en la que se regula la prohibición del ‘fracking’ en este territorio.
Esta admisión a trámite ya implicó automáticamente la suspensión de la norma recurrida, ya que el Ejecutivo invocó el artículo 161.2 de la Constitución, según el cual el Gobierno «podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas».
«Si algún día se llega a hacer fracking en Cantabria, al día siguiente presento mi dimisión». Así de contundente se ha mostrado el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, ante la decisión del Tribunal Constitucional de declarar anticonstitucional la Ley 1/2013, de 15 de abril, por la que se regula la prohibición en la Comunidad Autónoma de la técnica de la fractura hidráulica. Fernández ha dejado claro el «profundo» grado de implicación personal en contra del fracking, ya que «desde la Consejería se ha asesorado al presidente en este asunto y ha dejado claro «que en Cantabria no va a haber fracking con las actuales circunstancias».
Fernández ha reiterado esta mañana en rueda de prensa la oposición frontal del Gobierno de Cantabria ante esta técnica de extracción de gas no convencional y ha dicho que el Gobierno de Cantabria respeta, como no puede ser de otra manera, la decisión del Alto Tribunal, pero que ahora se van a analizar las posibilidades de actuación. En este sentido, el titular de Medio Ambiente ha repetido que «se ha perdido una batalla, pero que la guerra contra el fracking sigue». Aquí ha puesto como ejemplo la decisión de la empresa BNK, promotora del proyecto ‘Arquetu’ de no recurrir ante los tribunales la decisión que tomó el Consejo de Gobierno en febrero de anular su permiso en base a la legislación vigente.
El consejero ha dicho que el Gobierno de Cantabria recoge el clamor de los ciudadanos y de las instituciones de Cantabria en contra de esta técnica y ha recordado que la ley que prohibía el fracking en Cantabria fue aprobada por unanimidad en el Parlamento regional por todos los grupos políticos.
Durante su comparencia ante los medios de comunicación, el consejero ha señalado que se le acababa de notificar esta misma mañana la decisión, «no el contenido, sino la circunstancia». Por este motivo el responsable de Medio Ambiente no ha entrado a valorar el contenido íntegro de la sentencia «hasta que no la tengamos». Aún así Fernández ha anunciado que desde el Gobierno se van a utilizar todas las competencias que se disponen en materia urbanística, ambiental y sanitaria para «oponernos a esta técnica, siempre de acuerdo a la doctrina del Tribunal Constitucional».
En este sentido, el consejero ha indicado el papel relevante que van a tener desde este momento los ayuntamientos, y ha señalado la importancia de que éstos y la administración autónoma «vayan unidos» y que no se hagan cambios en los planeamientos urbanísticos para permitir esta técnica.
Ahora, en su opinión, hay que hacer una lectura sosegada de la sentencia para ver cuáles son los matices y ha explicado que, aunque Cantabria cuenta con una legislación muy restrictiva que se aplica muy rigurosamente, caben posibles y futuras reformas legislativas que sean aún más restrictivas y rigurosas».
Ante las preguntas de los medios de comunicación por la rapidez de la decisión del Tribunal Constitucional (cinco meses), el consejero se ha alegrado por la celeridad en la resolución del recurso presentado por el Estado en contra de esta Ley, «aunque no compartimos los razonamientos».