El PP denuncia que la alcaldesa les descalifica tras las críticas de vecinos al Plan General

“Los principales condicionantes que tiene el Plan son debidos al Plan de Ordenación del Litoral (aprobado en 2003 por el Gobierno regional PSOE-PRC)”.
El PP de Piélagos ha facilitado una nota de prensa sobre la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana, recordando que el de 1993, siendo Jesús Ángel Pacheco alcalde, fue aprobado por unanimidad de la Corporación. Este es el contenido de la nota.
“La alcaldesa ha presentado un plan que nosotros no queríamos aprobar, porque una vez analizamos los borradores que nos dio a conocer el equipo redactor nos dimos cuenta de que perjudicaba gravemente a los vecinos. No obstante, en el momento de su aprobación la regidora se vanagloriaba de haber aprobado este Plan en cuatro meses, hasta que ha tenido que enfrentarse a las críticas de los vecinos, y ahora es cuando decide echarle la culpa al PP”.
“Los principales condicionantes que tiene el Plan son debidos al Plan de Ordenación del Litoral (aprobado en 2003 por el Gobierno regional PSOE-PRC)”.
“El Plan vigente en Piélagos, que data de 1993, fue aprobado por unanimidad por una Corporación de la que formaba parte el actual concejal de Urbanismo, Roberto Ruiz Argumosa, y la presidenta del Parlamento, Dolores Gorostiaga, que es la persona que se encarga ahora de guíar a su pariente (tiene un vínculo familiar con la alcaldesa) en todas sus decisiones”.
“Nosotros votamos a favor de la aprobación inicial del Plan por responsabilidad política, pero en dos ocasiones solicitamos a la alcaldesa que ampliara el plazo de alegaciones, considerando que la difusión a los vecinos había sido escasa y las reuniones informativas muy desorganizadas. También le tendimos la mano para llegar a consensos y modificar el Plan de acuerdo con los intereses de nuestros vecinos, un ofrecimiento que ella ha rechazado públicamente”.
“Por último, dejamos una reflexión a los ciudadanos: ¿Cómo es posible que la alcaldesa diga que éste es el Plan del PP cuando su aplicación implicaría derribar viviendas de algunos de nuestros cargos públicos?”.