El PP acusa de “utilización mezquina de los trabajadores de MARE”

Para el exconsejero Javier Fernándezestamos ante “una mala noticia para Cantabria” si el único criterio para traer estas basuras es el económico y no el de urgencia
El senador del PP por Cantabria, Javier Fernández, ha abordado hoy ante los medios de comunicación, en su condición de ex – consejero de Medio Ambiente, la decisión del Gobierno de Cantabria de traer a Meruelo las basuras de la provincia de Guipúzcoa.Según ha explicado estamos ante “una mala noticia para Cantabria” si el único criterio para traer estas basuras es el económico y no el de urgencia, quedando este último descartado cuando lo que se está planteando un acuerdo a cuatro años.Javier Fernández ha criticado especialmente que la justificación sea ahora la de evitar un ERE en MARE, algo que es en su opinión supone hacer “una utilización mezquina de los trabajadores” de esta empresa pública. “El gobierno miente”, afirma, para que los cántabros traguen con las basuras de Guipúzcoa “sin rechistar”.El ex – consejero de Medio Ambiente ha comparado la situación en la que estaba MARE en 2011, cuando no había dinero ni para pagar la nómina de los trabajadores, a la actual, en la que si el gobierno abona a MARE las encomiendas de gestión es perfectamente viable.La plantilla, que sufrió a principios de la anterior legislatura ajustes, que llevaron a 60 de los trabajadores a pasar de fijos a fijos discontinuos, vio como en 2014 y en 2015 se fue devolviendo a esos trabajadores su condición de fijos, a través de nuevos yacimientos de empleo en el ámbito de la regeneración ambiental.Si en 2011 MARE gestionaba 30 instalaciones a un coste de 18 millones de euros, al final de la anterior legislatura, en el año 2015 eran 42 las instalaciones gestionadas, habiéndose reducido el coste de dicha gestión a 15 millones de euros.El senador del PP sostiene que el convenio a cuatro años con Guipúzcoa choca con la filosofía con la que fue concebido en su día el complejo de Meruelo, y no se sostiene ni en términos económicos, ni sociales o ambientalmente, siendo por ello “contraria al principio de sostenibilidad”.Este acuerdo para Fernández no es «en absoluto» rentable económicamente, pues las tasas que se van a cobrar a Guipúzcoa no servirían para «amortizar» lo que costaría un nuevo vertedero.Junto a ello es una decisión «inadecuada» desde el punto de vista social, porque, según ha advertido, reduciría «más de la mitad» la vida útil del vertedero. En cuanto a la vertiente medioambiental, según ha explicado, los residuos que está trasladando Guipúzcoa no se valorizan como se hace con los de Cantabria, por lo que la gran mayoría van directamente al vertedero compactados independientemente de su naturaleza.