El juez Castro fija para el 1 de abril el pago de las fianzas del «caso Noos» que alcanzan 61,3 millones

El juez ha estipulado el cómputo mediante una providencia dictada este lunes, en la que les concede veinte días hábiles para hacer frente a los pagos.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, JoséCastro, ha fijado hasta el próximo 1 de abril, a las 15.00 horas, el plazo para que los 17acusadosdelcaso Nóosabonen un total de61,3 millonesde euros en fianzas civiles, de los cuales 2,6 millones corresponden a la Infanta Cristina, a raíz de los perjuicios económicos derivados de la trama de desvío de fondos públicos y defraudación a Hacienda que presuntamente urdieron el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres en torno al Instituto Nóos.
El juez ha estipulado el cómputo mediante una providencia dictada este lunes, en la que les concede veinte días hábiles para hacer frente a los pagos. En caso de no hacer efectivos los depósitos, el juez les emplazará a que designen bienes de su patrimonio de cara a su embargo hasta cubrir las cantidades fijadas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).
En el caso de Cristina de Borbón, ésta abonó 587.413 euros de la cantidad que se le exige, mientras que el juez decretó fianzas de 14,9 millones de euros para Urdangarin; 15,8 millones para Torres y su mujer, Ana María Tejeiro; 4,6 millones para el excontable del Instituto Nóos Marco Antonio Tejeiro; 9,6 millones para el exasesor jurídico Miguel Tejeiro, y 1,2 millones para el abogado que abría ayudado a urdir una red de evasión fiscal a nivel internacional, Salvador Trinxet.
En el ámbito balear, el expresidente del Govern Jaume Matas, el exdirector general de Deportes José Luis ‘Pepote’ Ballester y el exgerente de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal se enfrentan de forma conjunta a una caución de 3,5 millones de euros; el exasesor jurídico del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Miquel Àngel Bonet, a 167.421 euros, y el exgerente de esta entidad Juan Carlos Alía 155.421 euros.
En cuanto a los exaltos cargos de la Comunidad Valenciana, Castro reclama 4,1 millones para el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Valenciana Luis Lobón; 2,7 millones para el exdirector general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) Jorge Vela y la exdirectora de gestión Elisa Maldonado, y 1,3 millones para el también exdirector general José Manuel Aguilar.
Finalmente, solicita 152.000 euros a la exconsejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen, que ya presentó un aval por esa cantidad. Las cantidades responden a la suma de las responsabilidades civiles en que habrían incurrido los inculpados en el marco de estos hechos, las multas reclamadas por las acusaciones y el incremento en un tercio de todas ellas.
Cantidades defraudadas
En su auto de apertura de juicio oral, el juez relataba de forma pormenorizada cómo se defraudaron los fondos de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid y precisa cómo entidades controladas por Urdangarin y Torres se hicieron con 1,2 millones de euros que costó la organización, por parte de Nóos, del primer Illes Balears Forum (2005); 1,085 millones por el segundo (2006); los 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears – Banesto; los 174.000 que pagó la fundación pública Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; y los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears.
Asimismo, despliega las supuestas irregularidades que rodearon al pago de 1.044.000 millones de euros públicos por cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y al de 382.000 euros que percibió Nóos por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar.
Finalmente, detalla en el auto cómo el Instituto presidido por Urdangarin cobró 114.000 euros de la Fundación Madrid 16 para preparar la candidatura olímpica de la capital en 2016, trabajos que finalmente no se llevaron a cabo. Para ello, tanto Urdangarin como Torres fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado. Fondos que acababan así en manos de empresas controladas por los dos imputados.
Las empresas de la trama son Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, mercantiles de las que eran propietarios y administradores y que, junto al propio Instituto Nóos, han centrado el foco de atención de las investigaciones.