El Grupo Popular seguirá la Ley de Transparencia sobre las declaraciones de cargos públicos

Así lo han acordado en la reunión de grupo con carácter previo a la sesión plenaria, en la que han lamentado que desde los partidos de oposición se esté tratando de «extender la sospecha generalizada sobre toda la clase política».
El portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Cantabria, Eduardo Van den Eynde, ha aseverado hoy que «respecto a la publicación de las declaraciones tributarias, bienes y actividades de los cargos públicos, los diputados de esta formación política seguirán las directrices que se establezcan en la futura Ley de Transparencia y en el posible Pacto contra la corrupción propuesto por Mariano Rajoy en el Debate del Estado de la Nación», pero «no las ocurrencias del PSOE cántabro, tratando de sumarse torpemente a la senda abierta por el Partido Popular».
Así lo han acordado los diputados regionales del Partido Popular en la reunión de grupo que celebran cada lunes con carácter previo a la sesión plenaria, en la que han lamentado que desde los partidos de oposición se esté tratando de «extender la sospecha generalizada sobre toda la clase política».
Sin negar que la corrupción representa un grave problema, Van den Eynde ha señalado que no le parece responsable «extender el manto de la sospecha sobre toda la clase política» y, por eso, ha abogado por actuar en función de las medidas impulsadas por el Ejecutivo, con la voluntad, además, de conseguir un amplio consenso parlamentario.
En este sentido, el portavoz parlamentario del Partido Popular ha recordado que entre las principales medidas comprendidas en este texto y propuestas por el Gobierno de la Nación por la Transparencia y contra la corrupción se cuentan, además de la publicación de las declaraciones tributarias, bienes y actividades de cargos públicos; la realización de auditorías de la situación patrimonial de los altos cargos al final de cada mandato; el endurecimiento de las penas contra la corrupción a través de una reforma del Código Penal; o la regulación por Ley de la actividad económica de los partidos.