El Gobierno quiere aprobar este jueves los acuerdos antidesahucios

El Ejecutivo y el PSOE continúan reunidos para llegar a un pacto global sobre este fenómeno
En un comunicado, la patronal bancaria ha explicado que este compromiso, que responde a «razones humanitarias», ha sido trasladado ya al Ministerio de Economía y al Banco de España.
En la AEB figuran adscritas como socias las entidades bancarias BBVA, Popular Banca Privada, Santander Consumer Finance, BNP Paribas, Société Générale, Deutsche Bank, entre otros.
La AEB señala que ha mantenido diversos contactos con representantes del Gobierno y que el pasado jueves, 8 de noviembre, el presidente de la patronal, Miguel Martín, trasladó al secretario de Estado de Economía y Competitividad, Fernando Jiménez Latorre, este compromiso en nombre de los bancos de la asociación.
La patronal destaca que el contenido de esta medida, adoptada por «razones humanitarias y en el marco de su política de responsabilidad social», había sido objeto de un debate «intenso y profundo» de los bancos asociados «a fin de contribuir a paliar la situación de desamparo de muchas personas por causa de la crisis económica».
Con carácter previo al encuentro con el secretario de Estado de Economía y Competitividad, el presidente de la AEB se había entrevistado con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y el gobernador del Banco de España, Luis Linde, ha sido informado.
Además, la AEB se muestra a disposición del Gobierno, del principal partido de la oposición y del resto de formaciones políticas «para ofrecer su opinión sobre la ordenación del mercado hipotecario a fin de que el mismo pueda seguir satisfaciendo la necesidad primaria de vivienda de los ciudadanos».
Presionados por el enorme clamor de la sociedad, los jueces e incluso los policías, por los 400.000 desahucios que se han producido en España desde que comenzó la crisis y en especial por los dos suicidios y una tentativa registrados en el último mes, el Gobierno y el PSOE se sientan hoy para buscar vías de atajar una sangría que, a menos que se actúe, no ha hecho más que comenzar. Se trata de una reunión de tipo técnico (distinta a la del pasado miércoles entre la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y la número dos de los socialistas, Elena Valenciano), y sus integrantes son escasamente conocidos, pero pocos encuentros han levantado tantas expectativas en los últimos tiempos. Como mínimo, se espera que el Ejecutivo y el principal partido de la oposición salgan de allí con una definición de quiénes pueden ser los beneficiados de la suspensión temporal de los desahucios anunciada por el presidente, Mariano Rajoy, tras la muerte de Amaia Egaña, la mujer que el viernes se tiró por el balcón de su casa de Barakaldo cuando iba a ser desalojada.
Después de haber hecho poco mientras se gestaba el drama durante los últimos tiempos, ambas partes saben que tienen que salir de allí con un embrión de acuerdo. En principio, este se concretará después en una nueva norma que debería entrar en vigor antes de que acabe el 2012. Porque los desahucios que se han producido hasta ahora no son nada en comparación con lo que puede venir. El proceso de expulsión de vivienda es largo, dura unos dos años, y eso supone que los desalojos que se producen ahora son solo los que se iniciaron en el 2009, cuando la situación económica del país y sus ciudadanos era mala, pero algo mejor que la de ahora.
PUNTOS DE UNIÓN / Si bien los socialistas tienen más maduro su planteamiento (empezaron a trabajarlo a comienzos de este año y hace casi un mes registraron su proposición de ley en el Congreso), hay puntos de unión entre los enfoques de unos y otros. El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, propone, a grandes rasgos, detener todos los desahucios hasta que se aplique la nueva ley, un procedimiento extrajudicial previo similar a los concursos de acreedores para las empresas en quiebra, bajar los intereses de demora y que el valor del inmueble durante la subasta nunca sea inferior al de la tasación original. El PP, por su parte, se inclina, junto a la suspensión temporal de los desalojos para los más desfavorecidos, por un mecanismo en el que las familias que no pueden hacer frente a la hipoteca alquilen la casa con una renta social, así como por ampliar los plazos y flexibilizar las condiciones de los préstamos.
Y mientras tanto, las formaciones de izquierda, que tantas veces han alertado del problema de los desahucios, han quedado por el momento apartadas de la negociación. El coordinador general de IU, Cayo Lara, sostuvo que Rajoy y su antecesor en la Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero, eran los «responsables directos» de la actual situación. También reclamó que el resto de grupos parlamentarios y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca estén hoy sentados en la mesa.