El Gobierno encargará a la Abogacía un informe sobre la declaración soberanista de Cataluña

La preocupación del jefe del Ejecutivo es que la declaración soberanista, pese a no tener, a juicio del Gobierno, ningún efecto jurídico, al ser una mera declaración política, pueda ser utilizada en el futuro por las autoridades catalanas como soporte de
ElConsejo de Ministrosencargará hoy a laAbogacía del Estadouninformesobre las consecuencias jurídicas deno recurrirladeclaración soberanistadel Parlamento de Cataluña, que el Gobierno no quiere recurrir porque considera que tiene “valor cero”, en palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una conversación informal con los periodistas que le acompañan en la gira que realiza estos días aPerúySantiago de Chile. La preocupación del jefe del Ejecutivo es que la declaración soberanista, pese a no tener, a juicio del Gobierno, ningún efecto jurídico, al ser una mera declaración política, pueda ser utilizada en el futuro por las autoridades catalanas como soporte de otras acciones que sí tengan consecuencias jurídicas, por lo que prefiere curarse en salud y tener un informe de la Abogacía del Estado que detallen claramente, de cara sobre todo al futuro, las consecuencias jurídicas de no recurrir la declaración aprobada el miércoles en el Parlament de Catalunya, y las consecuencias jurídicas de recurrirla, si finalmente no quedara más remedio que hacerlo como medida preventiva.
Mariano Rajoy considera que pese a las voces que creen que debería adoptar una postura más contundente contra la deriva soberanista catalana, es mejor la línea que se ha marcado, y que piensa continuar, que consiste en no dar más importancia de la que tienen los pasos que la Generalitat de Cataluña y el Parlamento puedan dar, porque la posible solución no pasa “por gritar mas”, sino por mantener el diálogo y tener muy claro que el deber del Gobierno de España es que no se conculque la Constitución, que establece la unidad indisoluble de España, y establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Ese es el deber del presidente del Gobierno de de España y eso es lo que hará Rajoy, asegura, hacer cumplir la ley cuando se quiera contravenir, cosa que hasta ahora no se ha hecho, salvo en declaraciones sin efectos jurídicos. El presidente del Gobierno dice contar en este asunto con el apoyo “al cien por cien” del líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubacaba, que está manteniendo una posición firme y de colaboración con el Gobierno de España, apuntó Rajoy, que no quiso entrar en los problemas que pueda crearle a Rubalcaba con el PSC, su posición.
“Diálogo y la ley”. Son las dos premisas del presidente del Gobierno para tratar este asunto, del que está dispuesto a hablar con el president de la Generalitat, Artur Mas, con quien espera reunirse pronto. Para fijar la fecha, sólo falta que el dirigente catalán se reúna primero con el Rey, porque es una norma no escrita que después de una investidura un presidente autonómico éste sea recibido en audiencia por el Rey antes de acudir a La Moncloa a entrevistarse con el presidente del Gobierno. Es el caso de Iñigo Urkullu, que fue elegido presidente en las elecciones de octubre en el País vasco y esta misma semana fue recibido por el Rey, después de lo cual acudirá al Palacio de la Moncloa el día 30. Las previsiones son que Artur Mas pueda ser recibido por Don Juan Carlos a primeros de febrero, y a continuación sería recibido por Mariano Rajoy.
Un Mariano Rajoy que pese a la forma en la que está afrontando el problema creado con Cataluña, expresa su firmeza en lo que es la solución final, que es que Cataluña no podrá plantear de manera unilateral una secesión de España, porque no cabe en la Ley, y que los tiempos van por otros derroteros y exigen otros planteamientos que tengan más que ver con la realidad, que incluso con las cuestiones competenciales.
Un ejemplo de esa firmeza de que cuando Rajoy está convencido de que debe hacer una cosa la hace, al margen de lo que opinen las comunidad autónomas, es laley de Unidad de Mercadoque hoy aprobará también el Consejo de Ministros, y que el presidente del Gobierno es consciente de que le creará problemas con algunas comunidades autónomas, muy celosas de sus competencias, pero que deben comprender que los problemas que existen ahora por las diferentes normas en las distintas comunidades para el funcionamiento de empresas o el transporte de mercancías, son perjudiciales para los intereses económicos de todas ellas. Rajoy está dispuesto a hablar con las comunidades autónomas una vez presentado el proyecto, pero está decidido a llevarlo a efecto, pese a la oposición de algunas autonomías.