El Gobierno de España amplía las ayudas a las víctimas de violencia de género y de delitos sexuales

La Ley de Presupuestos Generales del Estado, que modifica la Ley 35/1995, incrementa el importe de las ayudas, amplía las beneficiarias que pueden acogerse a las mismas y eleva el plazo de solicitud de 1 a 3 años
El pasado 5 de julio entró en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, y con ella la modificación de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (en el caso de estos últimos, aún cuando se perpetren sin violencia). Este cambio en la normativa trae aparejada una mejora en el acceso a las ayudas, ya que se amplía el importe de las mismas y el plazo de solicitud de 1 a 3 años, refuerza la información a las mujeres afectadas por este tipo de delitos y prevé la posibilidad de que se concedan ayudas provisionales antes de que exista una sentencia firme.
Los PGE, en su Disposición Final Quinta, incluyen estas mejoras en las condiciones de acceso a las ayudas para las víctimas de violencia de género, para lo que es imprescindible haber presentado la correspondiente denuncia. Se cumple así con una de las demandas del Pacto de Estado en materia de violencia de género, que señalaba la necesidad de modificar la normativa para mejorar el acceso a la información y a la protección que otorga y ampliar el plazo previsto para solicitar las ayudas a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, asegurando la efectividad de las previsiones de información sobre estas ayudas, así como el procedimiento para su solicitud.
Con los cambios introducidos en la Ley 35/1995 de 11 de diciembre, se amplían las beneficiarias de las ayudas, a las que podrán acceder las mujeres nacionales de cualquier otro Estado que se hallen en España, cualquiera que sea sus situación administrativa, cuando la afectada sea víctima de violencia de género en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integra contra la Violencia de Género, siempre que se trate de delitos a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer.
También se incrementa el importe de las ayudas en los supuestos de que la afectada sea víctima de violencia de género. Asimismo, en los casos de muerte, la ayuda será incrementada en un 25% para beneficiarios hijos menores de edad o mayores incapacitados. Por su parte, el plazo de solicitud se incrementa de 1 a 3 años, cumpliendo con una de las principales demandas de la medida del Pacto de Estado.
Por último, se prevé la posibilidad de que se concedan ayudas provisionales, antes de que recaiga resolución judicial firme que ponga fin al proceso penal, siempre que quede acreditada la precaria situación económica en que hubiesen quedado la víctima o sus beneficiarios. Sin embargo, en supuestos en que la víctima del delito tenga la consideración de víctima de violencia de género, podrán concederse las ayudas provisionales cualquiera que sea la situación económica de la víctima o de sus beneficiarios.
521 denuncias en Cantabria
En lo que respecta a Cantabria, se registraron durante el primer trimestre de 2018 un total de 521 denuncias por violencia de género, lo que sitúa a la comunidad autónoma en la media nacional. La cifra se elevó a 1.507 en 2016, mientras que en 2017 aumentó aún más, hasta 1.908 denuncias. De estos datos, se desprende que progresivamente aumentan las denuncias en la región, donde denuncian aproximadamente el 30% de las víctimas.
En lo que va de año no se ha registrado ninguna víctima mortal en Cantabria, comunidad en la que 7 mujeres perdieron la vida a manos de sus parejas o ex parejas entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de mayo de 2018
Por el momento se han registrado 53 órdenes de protección o medidas cautelares para garantizar la seguridad de las víctimas una vez que han interpuesto denuncia hasta marzo de 2018, mientras que se han denegado otras 34.
Hasta el 31 de mayo de 2018, un total de 103 hombres cumplían pena de prisión en Cantabria por delitos de violencia de género, una de las principales causas de privación de la libertad en la región, donde sólo entra en prisión en torno al 8% de los condenados, ya que el resto, al tener condenas inferiores a dos años, pueden conmutar la pena por cursos o servicios sociales.
Las mujeres cántabras víctimas de violencia de género tienen a su disposición el teléfono 016, en el que son atendidas y asesoradas, y que desde 2007 hasta el 31 de mayo de 2018 ha recibido un total de 8.754 llamadas. De éstas, 6.354 fueron efectuadas por las propias víctimas, 2.199 por la víctima o personas allegadas y 191 por otras personas.
Igualmente, las víctimas cántabras de violencia de género cuentan con apoyo psicosocial gratuito, todos los días del año, en ATENPRO, servicio telefónico de atención y protección que cuenta con 227 usuarias activas en Cantabria a fecha de 31 de mayo de 2018.