Dichas ayudas tienen como objetivo el mantenimiento de la red de transporte público en las zonas rurales de Cantabria, como elemento básico para la cohesión territorial, la integración de colectivos con riesgos de exclusión.
El Gobierno de Cantabria ha convocado ayudas por valor de 1.280.000 euros para el transporte rural. Dichas ayudas tienen como objetivo el mantenimiento de la red de transporte público en las zonas rurales de Cantabria, como elemento básico para la cohesión territorial, la integración de colectivos con riesgos de exclusión, la garantía de la prestación de los servicios esenciales y la aplicación de políticas sociales en el entorno rural.
El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Eduardo Arasti, ha señalado que «a través de la convocatoria de ayudas para el año 2015, el Gobierno pretende compensar a los operadores por el mantenimiento de las obligaciones de servicio público de autobús que discurren por zonas rurales, así como asegurar la movilidad de los ciudadanos de Cantabria, incluso en las zonas menos pobladas». Arasti ha recordado que estos transportes permiten el acceso de la ciudadanía a servicios esenciales, facilitando además la comunicación con las cabeceras comarcales y las principales poblaciones de Cantabria. «Sin estas ayudas, muchos de los servicios de transporte que atienden las áreas rurales de Cantabria desaparecerían», ha reseñado Arasti.
Por medio de estas ayudas, que se publicarán el próximo día 25 de marzo en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), el Ejecutivo refuerza su compromiso con una política orientada a asegurar la accesibilidad y el bienestar de los ciudadanos de la región, convergiendo con las políticas europeas en la reducción de la huella de carbono y el fomento de una cultura de movilidad sostenible.
Este compromiso con el transporte público se ha visto refrendado en el año 2014, un año en el que por primera vez desde 2010 se ha experimentado un incremento en el número de viajeros de las líneas regionales de autobús. El mantenimiento de los servicios en la peor época de la crisis, a pesar del continuo descenso del número de viajeros y su coste elevado, ha sido una de las obligaciones que el Gobierno se marcó en materia de política social para poder proporcionar a los ciudadanos un transporte público que permita acceder a los servicios esenciales.
