El Constitucional avala la incompatibilidad alcalde-diputado en Andalucía

Los servicios jurídicos del Parlamento andaluz han estudiado ya la sentencia en su literalidad y aseguran que debe cumplirse de forma inmediata, respaldando esa interpretación y exigiendo que los alcaldes opten cuanto antes.
Una información deEl Confidencialha dado a conocer la sentencia delTribunal Constitucional. Este ha avalado la ley andaluzaaprobada en noviembre de 2011 queimpide a los diputados autonómicos compatibilizar su tareacon cargos como el de alcalde, presidente de Diputación o Mancomunidad.
En su día la polémica norma, que fue recurrida por el Gobierno, supone un golpe en  la línea de flotación de los populares, que siempre han tenido en sus alcaldes su principal baza electoral.
Con esta sentencia son siete los diputados del Parlamento andaluzque deberán elegir entre uno de sus cargos.
El Confidencialasegura que el principal problema para el PP está en su actual número dos. El principal rostro visible de la nueva ejecutiva es Dolores López Gabarro. Claro está queel alcalde de Sevilla ya ha anunciado que renunciaráal escaño.
La noticia ha sido una bomba, afirmael periódico, para el principal partido de la oposición en puertas de unas municipales y cuando la debilidad del grupo parlamentario popular frente a Susana Díaz vuelve a ser un tema en sus propias filas.
Los servicios jurídicos del Parlamento andaluz han estudiado ya la sentencia en su literalidad y aseguran quedebe cumplirse de forma inmediata, respaldandoesa interpretación y exigiendo que los alcaldes opten cuanto antes. “La incompatibilidad deberá aplicarse de forma inmediata desde el momento en el que se publique la sentencia del Constitucional en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La incompatibilidad andaluza tiene un precedente en laley gallega, que proclama a los alcaldes inelegibles, por lo que ni siquiera pueden figurar en las listas electoral. La norma andaluza habla de incompatibilidad y fue diseñada por el PSOE bajo el argumento de “un político, un cargo”.
Mientras que el PSOE y el Gobierno andaluz celebra el fallo del Alto Tribunal, el PP se encuentra con un grave problema político.