El alcalde de Ramales y el director de Industria, imputados por una planta asfáltica en Igollo

FUNCIONA SIN AUTORIZACIÓN OFICIAL, hecho que ha motivado que el Juzgado de Instrucción número 4 de Santander les haya citado en «calidad de imputados», tras la denuncia formulada por la Fiscalía del TSJC.
El magistrado del Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander ha llamado a declarar «en calidad de imputados» al responsable de COPSESA y al alcalde de Ramales de la Victoria, Domingo San Emeterio, y al director general de Industria, Fernando Javier Rodríguez, por el funcionamiento de la planta de aglomerado asfáltico de Igollo sin autorización ambiental.
El juez admite a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) a raíz de las denuncias de la plataforma vecinal Por el Aire Puro y la Trasparencia de Camargo y Ecologistas en Acción Cantabria.
Ambas asociaciones creen que, «como imputado», Domingo San Emeterio, alcalde de Ramales y miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular de Cantabria, «debiera abandonar dichos cargos a la mayor brevedad». En su opinión, «resulta poco ético que la empresa COPSESA sea una de las mayores adjudicatarias de proyectos de obra y construcción de numerosos ayuntamientos y del Gobierno de Cantabria, siendo su máximo administrador dirigente y alcalde del PP».
En un auto fechado el 25 de noviembre, y recogido por Europa Press, el juez Luis Enrique García Delgado señala que «conforme a un juicio inicial de mera verosimilitud de la denuncia», San Emeterio podría responder de un delito contra el medio ambiente, mientras que el director general de Industria del Gobierno de Cantabria podría ser imputado «en forma provisional e interina» por un delito de prevaricación administrativa.
Además de admitir a trámite la denuncia de la Fiscalía y citar a declarar como imputados a San Emeterio y Rodríguez, el juez pide a la Dirección General de Industria que certifique si la resolución paralizadora del 18 de julio de 2014 está en vigor; insta al CIMA a realizar mediciones para determinar la incidencia ambiental de la planta; y pide al Seprona que informe si COPSESA ha continuado desarrollando actividad en estas instalaciones después de la resolución de suspensión de julio.
El auto señala que COPSESA ha modificado las instalaciones -antiguamente propiedad de Emilio Bolado- para convertirlas en una planta de aglomerado asfaltico sin la previa declaración de Impacto Ambiental, procedimiento que «no se solicitó en ningún momento». Por esta razón el Ayuntamiento de Camargo acordó la clausura de la actividad en junio pasado y la Dirección General de Industria decretó la suspensión el 18 de julio.
Por lo que se refiere al director general de Industria, el auto señala que «pese a que por la propia Fiscalía se informó a la Dirección General de Innovación e Industria en fecha 16 de octubre de 2014 de que la actividad clausurada se seguía realizando clandestinamente incluso en horas nocturnas, contraviniéndose así la prohibición que se impuso en fecha 18 de julio de 2014, por parte de la citada Dirección, no consta realizada actuación alguna tendente a hacer cumplir la resolución de paralización acordada».
Además, añade que «tampoco ha remitido certificación de que la resolución paralizadora esté en vigor, ni ha aportado testimonio integro del expediente administrativo en el que se acordó y dejó sin efecto la mencionada resolución».
La plataforma vecinal Por el Aire Puro y la Trasparencia de Camargo y Ecologistas en Acción señalan en nota de prensa que pese a que sus denuncias consiguieron que tanto el Ayuntamiento de Camargo como la Consejería de Industria decretaran el cierre de las instalaciones, «incomprensiblemente», los recursos de COPSESA «le permitieron mantener en funcionamiento la actividad en la planta de aglomerado asfáltico sin las autorizaciones legales».
La semana pasada el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santander rechazó la petición de COPSESA de suspender cautelarmente la orden municipal de cierre de la planta de aglomerado asfáltico, tras lo cual el alcalde de Camargo, Diego Movellán, ordenó la clausura de la planta.
En ese auto, la jueza Ana Rosa Araujo afirmaba que la empresa no ha acreditado ni aportado documento alguno que justifique la inversión realizada en las instalaciones, el número de puestos de trabajo afectados, las subvenciones recibidas o las posibles causas de cierre y liquidación de la citada empresa en el caso de clausura de la actividad.