Dineros públicos y autonomía de Cantabria. Por José Ramón Saiz

Desde la definición de una autonomía funcional y práctica, aquí no hemos tenido excesos en cuanto a creación de estructuras. No hay Consejo Consultivo, ni Defensor del Pueblo, ni tampoco televisión autonómica.
José Ramón Saiz/Director/Cantabria24horas.com
La autonomía de Cantabria con su Estatuto en vigor desde el 31 de enero de 1982 –el quinto de los aprobados por las Cortes Generales- discurre por unos niveles de racionalidad en el gasto que no se han salido “de madre” como en otras Comunidades Autónomas. Desde la definición de una autonomía funcional y práctica, aquí no hemos tenido excesos en cuanto a creación de estructuras. No hay Consejo Consultivo, ni Defensor del Pueblo, ni tampoco televisión autonómica. Se puede afirmar que estas instituciones o entes no están ni se esperan, ya que en su momento se acordó su no inclusión en el Estatuto y en su reforma de 1998. Sí se incluyó como institución el Consejo Económico y Social, que desapareció en los inicios de la presente legislatura autonómica.
Por otra parte, los presidentes de la Comunidad Autónoma vivos –José Antonio Rodríguez, Juan Hormaechea, Jaime Blanco, José Joaquín Martínez Sieso y Miguel Ángel Revilla- carecen de pensión una vez que abandonaron el cargo, ya que no se ha previsto una remuneración compensatoria, ni tampoco otros derechos, como el de un despacho y secretaria. Durante un tiempo se acordó por el Parlamento complementar las pensiones de exparlamentarios con al menos dos legislaturas de ejercicio, pero este derecho también ha desaparecido.
El control del gasto debe ser una de las prioridades de una autonomía, para evitar lo superfluo. En este sentido, una de las tentaciones desmedidas de la autonomía cántabra ha sido la de crear empresas públicas, que en algún momento han superado el medio centenar. Reducir este entramado empresarial –dinero público que evita el control del Parlamento- debe ser una prioridad. Lo mismo que devolver competencias al Estado que no aportan poder real para el ejercicio del autogobierno y representan una carga deficitaria para los presupuestos regionales.
Finalmente, se puede considerar un exceso el sueldo de los 39 diputados del Parlamento de Cantabria –superior a los 40.000 euros- cuando en una autonomía uniprovincial lo lógico sería una compensación económica por asistencia. Pero, en ningún caso, sueldo fijo desde que se implantó en 2003. Solo la Mesa de la Cámara y los portavoces debieran ser puestos profesionalizados, pero no el resto del total de diputados, cuyo número se ha reducido a 35 a partir de la próxima legislatura.