Diego se compromete a elaborar una Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad

El Gobierno se apoyará en un estudio de CERMI para adoptar la normativa autonómica a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
El presidente Diego durante su reunión con CERMI (Foto: Víctor Vélez)
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, se ha comprometido con CERMI a elaborar una Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad y a apoyarse en un estudio de esta institución para adaptar la normativa autonómica a la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.
Ignacio Diego ha trasladado este compromiso en una reunión en la que CERMI le ha presentado un estudio que analiza el impacto de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre una veintena de textos autonómicos que la Comunidad Autónoma debe modificar y plantea alrededor de 90 propuestas de mejora.
En la reunión han estado presentes, además, la vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga; la presidenta en funciones del CERMI, Mar Arruti; miembros del Comité Ejecutivo, y representantes del Departamento de Derecho Público, área de Filosofía del Derecho, de la Universidad de Cantabria, Olga Sánchez y José Ignacio Solar, responsables de la elaboración del estudio elaborado a instancias del Parlamento de Cantabria.
El presidente ha valorado muy positivamente esta herramienta y se ha comprometido a apoyarse en ella a la hora de acometer las modificaciones normativas.
Del estudio se deriva la conveniencia de elaborar una Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad, una propuesta que el Gobierno de Ignacio Diego pondrá en marcha para dar «mayor visibilidad y mayor seguridad jurídica» a las personas con discapacidad.
El documento presentado por CERMI aborda, en una primera parte, el contenido de la propia Convención y su impacto en el ordenamiento jurídico de la Comunidad Autónoma en lo que respecta a educación, empleo, sanidad, protección social, ocio y cultura, capacidad jurídica y de obrar, acceso a la justicia, accesibilidad, fiscalidad, estadística, o autonomía y vida independiente.
En estas materias recoge propuestas de actuación para la adaptación del ordenamiento a la Convención en esos ámbitos sectoriales y en materias transversales. Por otro lado, el estudio realiza propuestas para la institucionalización de instrumentos de formulación de políticas públicas en materia de discapacidad.
En la reunión se han repasado otras líneas de trabajo que se vienen manteniendo con esta institución que, tal y como ha recordado Diego, «se ocupa y se preocupa de todos los ciudadanos en situación de discapacidad».
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