Diego mantiene el compromiso con los afectados, pero ellos lo tachan de «golpe durísimo»

Con respecto a las valoraciones de las viviendas que tendrán que derribarse, el presidente cántabro ha señalado que “no pueden ser otras que las que ha indicado el procedimiento de valoración judicial”
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha trasladado hoy a los afectados por las sentencias de derribo, el compromiso de su Gobierno “a garantizar el patrimonio de las familias antes de los derribos”. Diego, acompañado del consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, se ha reunido en la sede del Parlamento de Cantabria con un grupo de representantes de AMA (Asociación de Maltratados por la Administración) que han llegado a Santander en una marcha reivindicativa que han llevado a cabo desde la estación de Gama.
El presidente informó a los representantes de AMA que el Consejo de Gobierno de Cantabria, en su última reunión, había adoptado el acuerdo de expresar a las familias afectadas por las sentencias de derribo su lamento por “el grave daño y sufrimiento ocasionado por las actuaciones de las administraciones públicas en la región”, añadiendo que “les traslada su voluntad y compromiso de que lo largo del año 2014 se otorguen todas las autorizaciones provisionales de edificaciones o actuaciones preexistentes que resulten conformes con los planeamientos urbanísticos en tramitación, comprometiéndose a garantizar el patrimonio de las familias antes de los derribos
A la salida de la reunión, Ignacio Diego ha concretado que gracias a los trámites de licencias provisionales en todas aquellas situaciones que encajen con los planeamientos de los ayuntamientos, se podrá impedir el derribo de 400 viviendas, añadiendo que ya se han realizado las licencias provisionales de Escalante, y que en los próximos meses, y siempre dentro del año en curso, se llevarán a cabo las licencias de Escalante, Miengo, Piélagos y Argoños.
Diego también se ha referido alas viviendas que inevitablemente tendrán que ser derribadas, explicando que se construirán viviendas nuevas que las sustituyan y que éstas se entregarán antes de que se lleve a cabo el derribo correspondiente.
Con respecto a las valoraciones de las viviendas que tendrán que derribarse, el presidente cántabro ha señalado que “no pueden ser otras que las que ha indicado el procedimiento de valoración judicial”, añadiendo que el Gobierno tiene que mantener un respeto al dinero de todos los cántabros y a las sentencias y decisiones judiciales.
El Gobierno regional aplicará la reciente sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) para fijar las indemnizaciones que percibirán los afectados por viviendas con sentencia de derribo, decisión que el colectivo que les agrupa, la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), ha tachado de «golpe durísimo» y «puñalada en el corazón», toda vez que, según su portavoz, Antonio Vilela, supone para ellos una pérdida patrimonial superior al 60%.
Así lo ha expresado al término de una reunión con el presidente del Ejecutivo, Ignacio Diego, el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, y el diputado del PP Iñigo Fernández, celebrada este sábado en el Parlamento autonómico, donde los representantes de AMA también han sido recibidos por portavoces de los grupos Socialista y Regionalista, Miguel Ángel Palacio y Rafael de la Sierra, respectivamente, y por el jefe del Legislativo, José Antonio Cagigas.